La semana pasada ha sido una sorpresa el anuncio del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien afirmó que la Dirección Ejecutiva de Ingresos –DEI— (institución similar a la SAT) “tiene que cerrarse para dar paso a una nueva institución con personal altamente calificado que cuente con un perfil profesional y que sea sometido a pruebas de confianza”. Estamos hablando de un ente al más alto nivel profesional con uso de muchas herramientas tecnológicas, un nuevo Código Tributario.
El presidente Hernández ha mencionado los tres pilares fundamentales en cualquier proceso de modernización aduanera: recurso humano altamente cualificado, normativa coherente con los estándares internacionales y los aspectos tecnológicos.
Hace pocos años participé en un grupo multidisciplinario de expertos en el componente aduanero del proyecto de Modernización de Puerto Cortés financiado por el BID, el principal puerto marítimo que sirve a Honduras, El Salvador y Nicaragua, el esfuerzo por mejorar la selección del personal de la aduana, en buena medida logró despolitizar el proceso, posiblemente el tema más crítico en la DEI.
Por otro lado y sin pretender sonar feminista, en ese momento la mayoría de administradores de aduanas seleccionados para ese puesto eran mujeres bien preparadas, lo cual brindaba una fortaleza especial a la DEI.
Efecto para Guatemala
En otras épocas, posiblemente este cambio institucional en Honduras permanecería inadvertido, pero a la luz de la inminente integración económica que implica la Unión Aduanera entre ambos países, el tema pinta diferente. De una u otra manera, la SAT y la DEI se van a emparentar, como las familias políticas después de una boda. Lo que suceda en una repercutirá en la otra, positiva o negativamente.
Es una extraña casualidad que por motivos diferentes, ambas instituciones inician el 2016 con un compromiso político obligado a la reconversión tributaria, lo que implica cambio de reglas de juego, apegarse todavía más a los estándares y convenciones internacionales aprobadas por la Organización Mundial de Aduanas o la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la inversión de los recursos necesarios para el proceso, humanos y tecnológicos, para cumplir con los planes estratégicos que ambas instituciones se hayan impuesto.
La Unión Aduanera implicaría, en términos prácticos, en una primera instancia la integración de controles aduaneros en el puesto fronterizo de Agua Caliente, lo que puede significar que los oficiales de la SAT y la DEI coordinen sus actuaciones “bajo un mismo techo”, para hacer revisiones documentales y/o físicas de manera conjunta.
En otro momento, la integración sería más bien a través de sistemas informáticos, donde la actuación de la SAT o de la DEI (no de ambas) y el correspondiente mensaje electrónico al otro país será suficiente para las dos aduanas.
Por supuesto, para que la Unión Aduanera funcione, a nivel de tributos internos (no aduaneros) la armonización de operaciones deberá ser mucho mayor, ya que se deberán compartir responsabilidades y distribución de ingresos de cobro de IVA o de Impuestos de Ventas.
El reto marcado para el nuevo gobierno es grande y complejo, fortalecer la confianza en la SAT y hacerlo de manera que “calce” de manera coherente con el proceso de la Unión Aduanera.
