Subrayó que en ese período de tiempo ambas carteras (Interior y Cultura) harán un trabajo conjunto para “hacer una evaluación para ver cómo se ha manejado este proyecto (del Archivo Histórico de la Policía Nacional)”.
Resaltó la importancia de hacer la evaluación, ya que fueron “más de 10 años” de una administración que concluyó el año pasado, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió no renovar el contrato al coordinador del Archivo, el activista y exintegrante de la guerrilla Gustavo Meoño Brenner.
Además, el jefe del Interior guatemalteco pidió “terminar con las dudas que han tratado de sembrar” sobre su intencionalidad de “proteger” algunos documentos del Archivo Histórico bajo la “sombrilla” de la Ley de Acceso a la Información Pública, que resguarda información sensible y de seguridad nacional.
“Es falso que no se va a permitir el acceso a la información, pues existe la ley (de Acceso) que nos obliga ayudar o proveerla”, pronunció.
Por su parte, el director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena, advirtió que las decisiones del ministro de Gobernación pueden representar “un grave retroceso y denegación de justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
Incluso señaló que Degenhart podría incurrir en “incumplimiento de las obligaciones del Estado de Guatemala en materia de verdad, justicia y medidas de no repetición”.
El pasado 30 de mayo, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo que había pedido a la mesa técnica que administra el Archivo, donde está el PNUD (en la parte financiera y operativa) y la cartera de Cultura (en la parte estructural), que “se investigue todas las ilegalidades que pudieran haber cometido” en la administración anterior del Archivo.
El mandatario también exhortó a las partes a que “se cercioren que no vuelvan a suceder este tipo de cosas (las supuestas ilegalidades)” y que sean solucionadas las “implicaciones judiciales, penales y diplomáticas internacionales” si fuera el caso.
Tanto el terreno como el edificio donde se ubica el Archivo Histórico pertenece al Ministerio de Gobernación y el derecho de uso del proyecto archivístico vencía el próximo 30 de junio, aunque ahora contará con el espacio el resto del año.
Se trata de la fachada de un hospital a medio construir, abandonado en la década de 1980 y que fue administrado por la extinta Policía Nacional y la actual entidad armada de seguridad civil, donde se acumularon por años más de 80 millones de documentos.
Este edificio se encuentra enclavado en un complejo policial al norte de la capital donde se ubica la Academia de la Policía Nacional Civil.
En ese sitio, tanto en el hospital abandonado como en otros espacios aledaños, la extinta Policía Nacional administraba una cárcel clandestina conocida como “La Isla”, donde ocurrieron vejámenes a los DD.HH. durante el conflicto armado (1960-1996).
El Archivo Histórico de la Policía Nacional fue descubierto por la Procuraduría de los Derechos Humanos en 2005, mientras su personal hacía una inspección en dicho hospital abandonado, donde halló más de 80 millones de documentos amontonados unos sobre otros, y de ellos unos 60 millones correspondían al período histórico de la Policía, que se fundó en 1882 y se transformó en 1997, tras la firma de la paz, cuando pasó a llamarse Policía Nacional Civil.
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