Desde hace algunos años he dedicado varias de mis columnas al caso de los estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) que fallecieron en las instalaciones de la minera CGN en El Estor, Izabal, el 31 de marzo de 2012.
Nahomy Lara Orellana, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Ángel Rodolfo de León Palacios murieron mientras desarrollaban una gira académica como parte de la carrera de Biología que se imparte en la universidad. No estaban de excursión ni de vacaciones, participaban en una actividad organizada por un docente de la UVG, que además era un requisito para aprobar el curso.

Por supuesto que nadie se imaginó que aquel viaje iba a terminar en tragedia. De lo contrario, ni el profesor y mucho menos los estudiantes habrían decidido viajar o sus familias lo hubieran permitido. Si un catedrático de una prestigiosa universidad organiza una actividad para reforzar los contenidos del curso que imparte, lo lógico es que las y los estudiantes participen, porque está claro que hay una planificación que incluye todas las medidas para su desarrollo seguro y exitoso.

Por eso, cuando recién se supo del fallecimiento de los tres estudiantes, todo parecía un lamentable accidente. Pero lo que pasó en las horas, días, semanas y meses posteriores colocó un manto de oscuridad sobre la versión “oficial”. Además, la actitud de los personeros de la minera —en realidad, eso no extraña para nada— y de las autoridades de la universidad —eso sí que sorprendió— tratando de ocultar los hechos, rompiendo toda comunicación con los padres y madres, entorpeciendo el proceso de investigación, poniendo mil y un obstáculos a las familias que pedían saber qué fue lo que ocurrió con sus hijos, hizo saltar todas las alarmas.

Los recursos legales que plantearon ante los tribunales retrasaron de tal forma el proceso que han pasado siete años desde aquel trágico día y aún se está a la espera de una sentencia. Sí, así con todas las letras, el ejercicio del litigio malicioso para entorpecer la búsqueda de la verdad y la justicia fue una herramienta que se utilizó durante todo este tiempo. Muy buena ayuda obtuvieron del juez de Puerto Barrios, Édgar Aníbal Arteaga López, que, entre otras linduras, por poco cierra el caso.

Lo menos que una espera de las autoridades de una universidad, que además se precia no solamente de la formación académica de alta calidad, sino de fomentar la ética y la responsabilidad como valores indispensables en el ejercicio profesional, es que asuman una actitud responsable y ética frente a lo sucedido. Llegar al fondo del asunto para aliviar el dolor de las familias debió haber sido un imperativo —por cuestiones de humanidad— pero también como parte de su propia responsabilidad institucional. Pero no, hasta el último día, en la audiencia de cierre del juicio por la muerte de tres de sus estudiantes, el abogado de la UVG tuvo una actitud deplorable. En sus conclusiones prácticamente hizo recaer en los jóvenes la responsabilidad de lo ocurrido y durante el desarrollo de las audiencias trató de que se les viera como irresponsables por supuestamente haber ingerido licor.

En las impecables crónicas periodísticas de Jody García, del medio digital Nómada, pueden encontrar ustedes los argumentos, testimonios, peritajes y conclusiones del juicio y, seguramente, sentir la indignación que causa la manera en que la minera y la universidad han tratado a estas familias —que a pesar de enfrentarse a la impunidad del poder— no han cejado en su búsqueda por hacerle justicia a sus hijos e hija.

Para el 12 de junio está previsto que se dicte sentencia. Solo se le pide al juez Jesús Felícito Mazariegos que prive su independencia y que se haga justicia para Nahomy, Juan Carlos y Ángel Rodolfo.