Los relatos se iban a escuchar en junio del año pasado, aunque el juez Villatoro fue trasladado a Chiquimula y su lugar en el Juzgado Décimo Penal lo tomó Víctor Cruz, quien aceptó decenas de excusas para reprogramar la audiencia en seis oportunidades el año pasado.
Fue hasta este año cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que el caso pasara al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, que se pudo agendar las declaraciones.
La jueza citó a los 38 sindicados que tiene la causa. Algunos enviaron excusas que la jueza no aceptó y les recordó a los que gozan de arresto domiciliario que deben comparecer porque de lo contrario los remitiría a una prisión.
Señalan a diputado Alejos
Rodrigo Presa Riera fue el primer testigo que declaró en la sala de audiencias del piso 14 en la Torre de Tribunales. Es gerente comercial del Ingenio Palo Gordo. Dijo que a su cargo estaba la comercialización del azúcar.
Al comienzo recordó que había tenido amistad con Felipe Alejos, el vicepresidente del Congreso, por haber estudiado juntos en un colegio capitalino.
En un evento al que asistió, Alejos le ofreció su ayuda para gestionar la devolución fiscal a la empresa de la cual gerenciaba a través de acciones de amparo. De esta forma reveló cómo operó la estructura que lideró Giovanni Marroquín Navas, implicado en el caso La Línea.
“La persona que me contactó fue Felipe Alejos. Lo conozco de la época del colegio. Somos más o menos de la misma edad y teníamos el mismo círculo social. El es diputado”, dijo el testigo Presa Riera.
Cuando el fiscal Andrei González lo cuestionó por la forma en que se iba a accionar para la devolución del crédito fiscal, el testigo mencionó que Alejos le explicó que “manejarían una tarifa de éxito por los servicios prestados cuya tarifa se iba a definir más adelante”.
Presa Riera dijo: “Se tomó la decisión de aceptarlo y verlo como una alternativa más para la devolución del crédito fiscal”.
Después agregó que el trámite había iniciado y hasta habían enviado a los auditores a la empresa para verificar los libros contables, pero se el proceso se detuvo porque habían detenido a las personas que hacían el trámite y los señalaron en el caso La Línea el 16 de abril del 2015.
Chat
Después que fue interpuesta la acción de amparo Alejos volvió a contactar a Presa y le manda mensajes de texto. “A las semanas él -Felipe Alejos- me contacta por medio de chat y me dice que ya se puso el amparo y que nos enviarán copia del mismo. Para lo cual nos mandan copia y nos lo mandan en un sobre”.
“Por parte de la SAT -Superintendencia de Administración Tributaria- nos avisan que se asignan auditores. Para ese momento se entrega la información y se empieza a llevar la auditoría. Durante el proceso Felipe me contacta que si podíamos tener una reunión y nos reunimos en su apartamento en la zona 14. Ahí me comenta que las personas que estaban gestionando la devolución del crédito fiscal habían sido detenidas por el caso La Línea”, se refirió Presa.
Segundo testigo
David Carlos Ekman Khan, quien fue gerente general del Ingenio Palo Gordo, fue el segundo testigo que declaró y también hizo señalamientos a Alejos.
“Fue a principios de 2015 cuando Rodrigo Presa me abordó y mencionó lo relacionado con la devolución del crédito fiscal a través de amparos”, dijo Ekman.
El testigo, que nació en España y está nacionalizado como sueco, también explicó la “tarifa de éxito” que explicó Alejos.
“Al principio lo vimos muy legal. Se podía colocar un amparo y solicitar la devolución del crédito fiscal. Nosotros, como empresa, no cobramos el IVA -Impuesto al Valor Agregado- pero sí lo pagamos”, dijo el testigo Ekman.
El profesional identificó a Alejos como diputado con quien se reunió en su apartamento en donde le dijo que el trámite se había suspendido por la detención de los implicados en el caso La Línea.
“La tarifa de éxito era el costo de la asesoría. Presa me dijo que no tenía costo y que se iba a ver como procedía al principio”, se refirió.
Los dos testigos, Presa y Ekman declararon haberse reunido en el apartamento de Alejos en la zona 14 para conocer las acciones de devolución del crédito fiscal.
Alejos, protegido
El 20 de mayo pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) volvió a librar a Felipe Alejos de una investigación relacionada con corrupción, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le ordenara conocer de nuevo el expediente.
Los magistrados judiciales se reunieron en pleno extraordinario y dieron sus votos para mantenga la inmunidad Alejos. La votación fue 9-3, con votos disidentes de María Eugenia Morales, Silvia García y Delia Dávila.
El MP y la Cicig presentaron el antejuicio en contra de Alejos el 25 de enero del 2018. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.
Mencionan a Iten
Por la tarde declararon los testigos Gevenert Flavio Robles López y Rony Wilson Macario Lucas, gerente y representante legal de Maya Quetzal, S. A., que se dedica a la exportación de desperdicios metálicos y es propiedad de Inngmar Walterio Iten Rodríguez, procesado en este caso.
El abogado Luis Morales, quien defiende a Iten, dudó de la idoneidad de los testigos debido a que la entidad está señalada en la carpeta judicial.
El testigo Robles López explicó que la empresa inició a exportar diez contenedores mensuales en 2005 y llegó hasta 400 mensuales tres años después. Recordó había un trámite por devolución de crédito fiscal. “Firmé la solicitud y recuerdo que ya habían hecho la auditoría los de la SAT y solo estaba por ingresar el crédito fiscal. Cuando entró el crédito el señor Iten usó el dinero para sus gastos”, declaró.
La jueza Domínguez abrió uno de los indicios relacionado a las 50 acciones de la empresa de Iten de las cuales Robles López identificó las firmas suyas y las de Iten. “Sabía que tenía tres de las 50 acciones, pero no tenía acceso a las acciones. Me pagaban como salario Q20 mil mensuales”, dijo.
El último testigo, Macario Lucas se refirió a que desde 2010 fue el contador de Maya Quetzal y era quien autorizaba los cheques.
Un informe de un banco fue mostrado por el fiscal González. Son dos cheques que la entidad de Iten le pagó a una entidad, Centrasa, relacionados con la supuesta comisión de Q100 mil y Q160 mil del 4 y 30 de marzo del 2014, respectivamente.
El último testigo Rony Macario declara ante la jueza. pic.twitter.com/4mMS2PXidu
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 1, 2019
El caso
La investigación del MP y la Cicig se centró en una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.
Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.
Al menos Q19 millones fueron pagados por casi una veintena de empresas en concepto de comisiones a Giovanni Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, empresario mexicano.
#TraficantesDeInfluencias | El testigo Rodrigo Presa, de un ingenio azucarero, declara ante la jueza y menciona al diputado Felipe Alejos. pic.twitter.com/7aFbFpxcqW
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) May 31, 2019
