Cuando una piensa que ya la cosa no se puede poner peor, algo sucede que le recuerda que estamos en Guatemala y que eso siempre es posible. Amanecimos el viernes 4/12 con la noticia de las órdenes de captura giradas por EE. UU. contra varios dirigentes de las federaciones de futbol, incluida la nuestra. Entre los nombres figura el de un magistrado suplente de la CC (capturado al día siguiente en un crucero), lo que confirma —por si había alguna duda— que el sistema de postulación y elección de las altas cortes está viciado.

Como casi siempre sucede en este país, un nuevo escándalo opaca al anterior para suerte de los aludidos. Por eso no quiero dejar de referirme a la creación de Estratégica Legal, una empresa consultora —como la denominan sus creadores— conformada por dos exfuncionarios de la Cicig y quien fuera el segundo de abordo de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) del MP, que tuvo a su cargo la investigación y acusaciones de los casos la Línea y Redes.

Ya de por sí esto genera enorme suspicacia, dada la cantidad y calidad de la información que estos tres señores manejan de casos altamente sensibles que pasaron por sus manos, algunos de los cuales —presumo— aún están en proceso de investigación y no han “reventado”. Recordemos que hablamos de quienes hasta el mes de octubre de este año fungieron como coordinador legal y jefe de la Unidad de Análisis de la Cicig.

Pero si a esto se agrega el nombre de José María Coma, conocido en el mundo político chapín como el personaje que siendo gerente de la empresa Comcel presumiblemente entregó 3.5 millones de dólares al expresidente Alfonso Portillo, a través de varios de sus funcionarios para lograr favores políticos (elPeriódico 26/11/15), el tema se agrava. Y qué decir de la información que se maneja tras bambalinas sobre que los “socios ocultos” de este negocio serían Jorge Raúl García Granados (Pollo Tyson), Roberto López Villatoro (Rey del Tenis) y Estuardo del Pinal (a quien según la revista Contrapoder, la Contraloría responsabilizó de la compra anómala de equipo por 120 millones de quetzales), y quien se supone presentó a Coma con los exfuncionarios de Cicig.

Cualquiera con dos dedos de frente comprende que el surgimiento de este bufete (perdón, empresa consultora) no se dio por generación espontánea. Obviamente las negociaciones vienen de tiempo atrás y entonces una se pregunta cómo es posible que dos funcionarios internacionales de una entidad que lucha contra la impunidad se hayan dedicado —mientras estaban contratados— a armar una empresa personal (a la que gustan llamar proyecto de vida), que va a trabajar exactamente en el ámbito jurídico-legal, en el que también se desempeña Cicig; y cómo sus contratos no prohíben tal cosa.

Quizá lo más preocupante es imaginar cuál es el valor agregado que una firma de esta naturaleza puede ofrecer que no esté disponible en el mercado. La respuesta es obvia y por eso no extraña que ya haya varios políticos, entidades bancarias y financieras y exfuncionarios interesados en sus servicios. Si este país no se hubiera construido en las últimas décadas a partir de operaciones de inteligencia y si los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos (CIACS) no estuvieran activos y operando (razón por la cual se instaló en el país la Cicig), se podría pensar que este es un emprendimiento cuya única finalidad es el despegue financiero; pero sería demasiado ingenuo pensar que en este cambio de bando no hay enormes intereses en juego y una muy bien armada maniobra (¿desde una oficinita?) para desbaratar lo que se ha avanzado, usando precisamente a los de adentro.