En Guatemala la extrema derecha y los poderes paralelos oscuros siempre encuentran formas de generar confusión alrededor de temas claros y sencillos. Recurren a ataques personales, falacias, a la tergiversación de los hechos objetivos e incluso a maniobras sucias e ilegales. Hoy, hay quienes acusan de terroristas a aquellos que piensan en políticas de beneficio social o de protección del ambiente de las comunidades rurales y califican de extremistas a los que promueven y defienden los derechos humanos, en especial a quienes hablan de igualdad de derechos entre indígenas y no indígenas, entre mujeres y hombres, o personas de diferente orientación sexual, diferente nacionalidad o de origen económico social.

Además, pretenden callar y silenciar las diferencias de pensamiento con intimidación y temor; especialmente a quienes critican las políticas públicas o denuncian la corrupción de quienes están en el poder.

Actualmente observamos el peor de los fenómenos: quienes han combatido la corrupción o del crimen organizado, hoy son cooptados y comprados por ellos.

La fortaleza de los últimos tiempos para luchar contra los cuerpos ilegales que infiltran la institucionalidad del Estado ha sido la Cicig, pero esta institución también sufre los embates de esta corrupción. Algunos se disponen a poner el dinero para corromper y comprar las voluntades de investigadores de la Cicig, para prestarse a la maniobra de trasladar información y trabajar con el equipo de la defensa de quienes la Cicig acusa de funcionarios corruptos.

La ironía es que estos testaferros de poderes paralelos, por dinero, vendieron sus conciencias y lo pretenden justificar con el argumento de que “un abogado” puede trabajar tanto en la denuncia como en la defensa de una persona. La afirmación es cierta, pero les faltó el corolario final; esto nunca se puede dar en el mismo caso, pues tanto los abogados que trabajan en la acusación como los que trabajan en la defensa de un caso, manejan información confidencial y privilegiada para el propósito de su gestión y brincarse la cerca, entiéndase de bando, implica comprometerse éticamente en vender la información, lo cual desafía su calidad profesional, pero también puede constituirse en delito.

Este hecho no debilitará el trabajo de la Cicig, pero pretende ser un golpe a su credibilidad profesional antes que tome posesión el nuevo gobierno, pero el pueblo honrado de Guatemala NUNCA debe permitir que un acto aislado de corrupción detenga el trabajo del sistema de justicia.

El pluralismo de opiniones, ideologías y concepciones del mundo y la capacidad de confrontarlas creativamente es parte esencial de la madurez y de la profundidad política del modelo democrático de una sociedad.

Guatemala debe tener la capacidad de transitar el siglo XXI con la demanda de una nueva ética, para reconstruir las perspectivas de futuro y rescatar el proceso de paz.