No es apropiado, según mi muy particular punto de vista, afirmar que a los investigadores no guatemaltecos de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se les otorga una “visa de cortesía” para desarrollar en nuestro país actividades y funciones acordadas de consuno por el Gobierno de Guatemala y la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Por el contrario, ese acuerdo otorga privilegios diplomáticos al Comisionado y a los integrantes del personal de la Comisión, uno de los cuales consiste en vivir en nuestro país, durante el período del mandato, y desarrollar tareas que les son de obligado cumplimiento, como investigar, denunciar y probar hechos criminales específicos; funciones que no podrían cumplir si no tuvieran una visa de residencia permanente.

Con base en ello, el Gobierno proporciona a los investigadores en toda Guatemala, la seguridad necesaria para el cumplimiento eficaz de sus actividades y vela porque ninguno de ellos, nacional o internacional, sea objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones en virtud de su estatus personal o por el desempeño de su trabajo como integrante del personal de la CICIG.

Pero, resulta necesario puntualizar que entre los investigadores extranjeros hay de varias nacionalidades. El Comisionado, Iván Velásquez, es colombiano y hay un francés. Por otra parte, los dos investigadores costarricenses —Christian Ulate y Cristian Gamboa— disfrutan de un privilegio adicional, constituido por la doble nacionalidad que pueden ostentar, por cuanto legalmente son guatemaltecos de origen por haber nacido en una república que formó parte de la República Federal de Centro América (1824) si adquieren domicilio en Guatemala y manifiestan ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos, caso en el que podrán conservar su nacionalidad costarricense, sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos.

En otras palabras, la doble nacionalidad centroamericana es reconocida por Guatemala.

Se ha publicado, además, que los dos profesionales citados están casados con mujeres guatemaltecas y han procreado hijos nacidos en nuestro país. Uno de ellos, para mayor abundamiento, ha terminado el proceso de incorporación establecido en la ley para ejercer aquí la profesión de abogado, no de notario, y está colegiado. El otro está en vías de terminar esos trámites e independientemente de eso, no se debe olvidar que Costa Rica ha sido siempre un generoso refugio para guatemaltecos perseguidos aquí por sus ideas políticas.

En fin, las tres renuncias, incluida la del fiscal del Ministerio Público, Antonio Morales, causan una especie de consternación —injustificada, desde luego— en el ambiente nacional, pues dan la impresión de que el crimen organizado puede salirse con la suya en los casos por ellos investigados, ya que se van de la Cicig para instalar un bufete privado y se dedicarán a lo que conocen, aprendido fundamentalmente en el seno de la Cicig: cómo funciona el crimen organizado.

La inquietud por lo ocurrido nace en la idea de que los tres renunciantes cambien el partido de la justicia por el del juego de defensa de la criminalidad, utilizando para ello, repito, el banco de datos de la Cicig que se habrán llevado en la memoria cerebral o en la memoria electrónica, con lo que podrían ayudar a los procesados de lujo, o a los que están por ser capturados. Esto es, por supuesto, una presunción que de confirmarse, correspondería conocer al Colegio de Abogados y al Ministerio Público.

Ahora bien, ¿esas renuncias destruyen a la Cicig y al Ministerio Público? De ninguna manera. Solo deben ser estimadas como incidentes en la vida de las dos entidades oficiales, las cuales si continúan trabajando en coordinación, unidas con fines coincidentes, como hasta ahora lo han hecho, la lucha contra el crimen continuará sin tregua.

Lo que causaría gran desasosiego, me imagino, es que renunciara y se marchara del país un investigador, fuera de serie, que se llama Iván Velásquez.