María Mercedes no cumplía aún los 4 años cuando desapareció su madre. Su hermano, Roberto José, recién había celebrado su 7º. cumpleaños, en el inicio de una etapa llena de incertidumbre y desarraigo familiar que los ha convertido, también a ellos, en víctimas de uno de los males sociales más extendidos en el planeta: la violencia doméstica y el femicidio.

Cristina Siekavizza Molina era una joven madre y esposa como hay muchas, con valores arraigados y un mundo de ilusiones para su futuro y el de su familia. Casada con Roberto Barreda, creyó firmemente en la solidez de su relación y soportó el cambio gradual pero sistemático de una actitud aparentemente protectora hacia un estado de control absoluto sobre sus actos, sus vínculos familiares, su círculo de amistades, su actividad profesional y su acceso al ingreso familiar.

Aislada por medio de una estrategia de manipulación y restricciones conocida como el síndrome del Bonsai -el cual consiste en cortar sus vínculos internos y externos para ejercer un completo control sobre la víctima-, privada de auxilio sufrió toda clase de vejámenes en un cuadro típico de violencia machista por parte de su pareja. Años de maltrato, desprecio por su integridad psicológica, económica y física, desembocarían en su desaparición en julio de 2011, detonando a partir de entonces uno de los casos criminales más emblemáticos conocidos en Guatemala relacionados con la violencia femicida.

Si el presunto asesinato y subsiguiente desaparición de Cristina alcanzó la enorme cobertura mediática vista hasta hoy, no se debió a un factor de elitismo social. En este caso de enorme impacto, uno de los elementos clave ha sido la presunta complicidad en los hechos de una expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, su suegra, quien habría participado directamente en el ocultamiento de las pruebas condenatorias. Una mujer cuya carrera judicial le valió un prestigio hoy manchado por la gravedad de las acusaciones en su contra.

Hasta esta fecha, un prolongado proceso de investigaciones ha llevado al Ministerio Público, al Inacif y a la Fundación Sobrevivientes –en su calidad de querellante adhesivo- a buscar el cuerpo de Cristina por casi todo el territorio nacional, realizando innumerables e infructuosas excavaciones a partir de indicios difíciles de comprobar. Sin embargo, aun cuando no aparezca, existen otras señales cuya fuerza puede sentar precedente para delitos de femicidio que esperan justicia.

Mientras tanto, para María Mercedes y Roberto José el futuro ha quedado marcado por sus primeros años en un hogar en donde el amor materno no logró impedir que les impactara la violencia ejercida por su padre, algo presente en todos los peritajes psicológicos realizados en ambos niños. Los esfuerzos de sus abuelos paternos –ambos con poder y contactos privilegiados en el mundo de las Cortes- por desviar el curso de la justicia y garantizar la impunidad en este crimen los coloca, asimismo, como cómplices; pero sobre todo, les quita todo resto de legitimidad como miembros de una profesión clave en la administración de justicia y en el imperio del estado de derecho.

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