Los exmilitares indicaron semanas atrás que tenían la intención de boicotear las elecciones, pero luego de la integración de la mesa de diálogo desistieron de esa medida y afirmaron que designarán a uno de sus integrantes en cada mesa, según lo informó Francisco Calmo de León, dirigentes de la Asociación de Soldados Veteranos Militares de Tropa.
“Hemos dicho que garantizaremos las elecciones y cuidaremos porque sean libres y transparentes y hay de aquel que quiera cometer un delito y provocarnos a nosotros y meternos en esto porque habrán exmilitares en las mesas cuidando que esto sea libre y aquel que quiera hacer el mal en contra de las elecciones serán agarrados por nuestras tropas militares retiradas y entregados a las autoridades”, refirió Calmo de León.
Ante esa acción, el presidente del TSE manifestó que aún no tiene ninguna solicitud del movimiento para ser observadores electorales, pero señaló que ellos no pueden hacerlo y de pedirlo no serán aceptados porque tienen pretensiones directas.
Al finalizar el foro “Fomentando la integridad del proceso electoral 2019”, Solórzano aseguró que la intención de bloquear el desarrollo de las elecciones son conductas “ilícitas” y “acciones flagrantes”, por lo cual considera que el Ministerio Público ya comenzó las investigaciones del caso.
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“Si lo hacen dentro del marco de la ley, pues por supuesto o si participan en un partido político para que sean fiscales es la única forma en la que se puede ser viable observar un proceso electoral”, refirió Solórzano.
Enfatizó en que “solo el Tribunal Supremo Electoral puede designar quienes serán observadores electorales en las próximas elecciones”.
Diez en cada centro de votación
Jorge Vega, otro representante de la Asociación , advirtió que, por ser militares, “lamentablemente” no pueden dar información de las estrategias que emplearán el día de las elecciones.
“Nosotros los militares somos bien cuidadosos con la seguridad, por lo que estamos analizando qué haremos ese día, para evitar que piensen mal de que queremos impedir las elecciones. Lo que sí tenemos previsto es ubicar unos 10 elementos de nuestra asociación en cada centro de votación, para evitar que haya fraude”, afirmó Vega.
El dirigente informó que sus acciones dependen de la respuesta que les de la Comisión el próximo 7 de junio. “A partir de esta fecha concretaremos nuestras estrategias, que también podría incluir que velemos la entrada y salida de las urnas, pero no queremos adelantar nada para evitar especulaciones”.
El representante de los exmilitares informó que el proyecto de resarcimiento que lleva a cabo la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) es diferente al que ellos efectúan, debido a que se cansaron de esperar el trámite de sus solicitudes desde hace cinco años.
Avemilgua es liderada por el general retirado José Luis Quilo Ayuso.
Vega informó que se separaron este grupo porque se dieron cuenta de que solo se acuerdan de ellos cuando hay un evento electoral y les indican por quien deben votar.
“Ya nos dimos cuenta de que solo nos usan y nos ofrecen cierta cantidad de dinero, que ni siquiera equivale a un salario mínimo cuando hay elecciones, y lo curioso es que nos hacen firmar un recibo y llevar el DPI; por eso no queremos seguir con ellos”, afirmó.
Aunque se ha dicho que la cantidad de agremiados de la asociación que amenazó con bloquear las elecciones llega a 1.7 millones de personas, Vega explicó que en una base de datos que están formando esperan sumar unos 800 mil y que el resto estaría integrado por socios de Avemilgua y otros grupos “por ejemplo los viejitos que prestaron servicio en las décadas de 1960 y 1970”.
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Sin embargo, Quilo Ayuso explicó hace pocos días que Avemilgua está formado por aproximadamente 400 mil exmilitares y que de la Asociación que él dirige hay “bastantes” en el movimiento de Vega.
El grupo de Vega demanda un resarcimiento de Q85 mil y una vivienda.
¿Se cometen delitos?
En cuanto a que si consideran ilegal las acciones que tienen previsto implementar el día de las elecciones, el dirigente militar dijo que “no se trata de que si es legal o ilegal, sino que en el país hay libertad de pensamiento, sin violar los derechos, y, además, son lugares públicos -lo centros de votación-, por lo que podríamos estar a cierta distancia de esos lugares con “auriculares” supervisando que no haya anomalías”.
En la misma línea, el Comisionado del Diálogo Nacional, Sergio Flores, informó que todo eso queda sujeto a las precisiones que requerirán las instituciones que darán respuesta a cada una de las demandas.
Según Flores, para la Comisión los exsoldados “son ciudadanos con demandas y están en proceso de gestión de su personería jurídica y su calidad de exmilitares la acreditarán en su momento con base en las hojas de servicio que les ha extendido y les extenderá el Ministerio de la Defensa Nacional.
Al respecto, el jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Óscar Schaad indicó que se abrió una investigación de oficio por el delito coacción contra la libertad política regulado en el artículo 216 del Código Penal.
“Ya se hicieron algunas solicitudes para establecer el lugar del hecho y de los posibles responsables, es lo único que podría indicar”, dijo Schaad.
El artículo 216 del Código Penal establece “Quien por medio de violencia o amenazas impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político, será sancionado con prisión de seis meses a tres años. La sanción se aumentará en dos terceras partes si el autor es funcionario o empleado del Tribunal Supremo electoral, integrante de órganos electorales temporales, si es funcionario o empleado del Estado, en cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales”.
“Gobierno intenta entorpecer”
El constitucionalista Alejandro Balsells dice que desde 1984 el Ejército no tiene nada que ver con los procesos eleccionarios, por lo que es claro que con estas acciones “el Gobierno intenta por todos los medios entorpecerlas”.
Balsells asegura que en estas acciones no existe una exigencia de un grupo, “sino que hay un grupo motivado por gente en el poder, que las promueve”.
“Del ejército, los guatemaltecos podemos esperar cualquier desastre”, acotó el abogado.
En cuanto al delito en el que incurrirían los exmilitares, Balsells expuso que “son muchos”, pero que lo más crítico es el contexto en que se dan estas amenazas. “Quieren entorpecer las elecciones y debemos entender que tienen el favor del Gobierno y un candidato oficial ligado al crimen”, subrayó.
Presidenciables opinan
El candidato del partido Vamos, Alejandro Giammattei, afirmó que las acciones de los exsoldados serían un delito contra la democracia, por lo que invitó al diálogo para llegar a acuerdos por medios pacíficos y no atentando contra el orden constitucional
Además, solicitó a los dirigentes del movimiento, a quienes no conoce, que llamen a sus bases a la cordura y eviten más confrontación.
“No es con amenazas que lograrán que se reconozcan los derechos que consideran tienen y menos prestándose a la manipulación política de alguien interesado en llegar al poder a cualquier precio, aún a costa de la pérdida de la democracia, esto si es como se menciona que hay políticos detrás de ese movimiento”, comentó Giammattei.
El candidato del partido Humanista, Edmond Mulet, calificó las advertencias de “chantaje inaceptable” que podrían ser delitos. A la vez opinó que estos grupos son manipulados y engañados para adoptar una posición que no favorece su causa.
Julio Estrada, candidato presidencial del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo), considera que no se les debe pagar a los exsoldados lo que solicitan, más aún si es a través de amenazas y extorsión.
Estrada dijo que si el Estado cede a estas presiones “debemos olvidarnos de la estabilidad económica y política del país. Las autoridades tienen que tomar las medidas pertinentes y no acceder a estas peticiones”.
Edwin Escobar, presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana, considera que esa petición “es muy oportunista” cuando el país está a tan solo 15 días de las elecciones, y aunque considera que hay que pagarles a los servidores públicos, el caso de los exsoldados “está fuera de lugar”.
Escobar expresó que exigencias de este tipo las podría haber esperado de movimientos como el Comité de Desarrollo Campesino o del dirigente magisterial Joviel Acevedo, pero no de una institución castrense que tiene respeto por la institucionalidad y al debido proceso.
Por su parte, el secretario general de la Unidad Nacional de la Esperanza, Oscar Argueta, considera que si bien la necesidad, la legitimidad y los reclamos pueden ser justos, “lo que no puede admitirse es la amenaza y el chantaje”, con que llevan a cabo el proceso.
Argueta precisó que debe prevalecer el diálogo y buscar una solución negociada.
El acuerdo
El Acuerdo logrado entre la Comisión Presidencial del Diálogo y los exsoldados veteranos de tropa del Ejército de Guatemala, el 28 de mayo, consta de ocho puntos.
- Informar de la agenda y los acuerdos que se discutan
- Reconoce como exmilitares legítimos a la agrupación en formación.
- La Mesa de Diálogo consultará al Ministerio de Finanzas Públicas sobre la solicitud de anticipo de compensación económica.
- Se respetará la nómina y base de datos que maneja la Asociación.
- Las instituciones involucradas se reunirán el día 5 de junio en la Comisión Presidencial de Diálogo
- La próxima reunión con los exsoldados se efectuará el 7 de junio a las 9:00 horas
- La Comisión apoyará la gestión de la representación legal de la Asociación, cuya documentación ya fue ingresada.
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