Lo que era un secreto a voces, ahora cuenta con una denuncia formal: la politización de la ayuda en los programas sociales. Efectivamente, ayer se presentó una querella en el Ministerio Público en contra de dos exministros de Desarrollo Social, quienes habrían incurrido en abuso de poder, al haber manipulado la entrega de bolsas seguras para beneficiarios que no las necesitaban, ese decir, por puro clientelismo político y, además, tienen el agravante de que se distribuían en uno de los departamentos con menos pobreza.

La nueva titular de esa cartera, Norma Quixtán, denunció ayer que al menos 198 mil beneficiarios de ese programa no contaban con un estudio socioeconómico serio que determinara la pertinencia de recibir la asistencia gubernamental. Seguramente si la documentación lo permite se podrá comprobar la existencia de más recipiendarios de esas dádivas cuyo objetivo original era paliar la crisis alimentaria y la extrema pobreza, pero que se pervirtió hacia un modelo de chantaje y recompensa.

Uno de los detalles curiosos de la denuncia es que la mayoría de esas adjudicaciones se hacían en el departamento de Guatemala, que según la denunciante tiene niveles de pobreza del 18 por ciento, mientras que poblaciones ubicadas en Alta Verapaz, con indicadores de pobreza del 78 por ciento, estaban al margen de esos beneficios. Todavía más indignante es recordar la tardanza del extinto gobierno patriotista en organizar la distribución, lo cual atribuían a una depuración.

Vergonzoso ha sido que con los recursos de los contribuyentes los políticos de turno se quieran presentar como dadivosos y que monten campañas en nombre de esa ayuda, que quieren convertir en un burdo trampolín que a final de cuentas se les quiebra, y prueba de ello son los resultados electorales de los patriotistas e incluso la derrota de Sandra Torres, de la UNE, quien prácticamente cifraba sus esperanzas en la promoción de continuidad de los programas sociales.

Se recuerda claramente cómo durante las administraciones de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina surgieron de la periferia de la capital grupos de choque que eran convocados y sacados a la calle para intentar neutralizar las protestas contra el Gobierno o para ejercer presión sobre el Congreso: un juego de conveniencias que a la larga termina quemando a las propias autoridades, quienes deberían rendir cuentas de ese manejo ineficiente.

Las denuncias que ha efectuado la gestión de transición del Ministerio de Desarrollo ante el MP en contra de los anteriores exministros debería estar perfectamente fundamentada con toda la información que obra en documentos, todo lo cual debería contribuir a sentar un precedente.

De igual forma se debería investigar de oficio y con celeridad la manera en que otros programas asistencialistas fueron implementados en el anterior gobierno, por ejemplo los de distribución de fertilizantes, los promocionados huertos familiares, los útiles escolares y hasta la provisión de materiales de construcción para los afectados por desastres, que pueden estar plagados por el execrable clientelismo.