El pasado 28 de octubre la Fiscal General, Thelma Aldana informó haber notificado a 18 bancos y 9 financieras la inmovilización de las cuentas del ahora prófugo, luego que se le vinculara a la red que negociaba contratos millonarios con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a través de varias empresas.
Los primeros reportes remitidos al ente investigador, son dos cuentas que suman unos Q 201 mil 760. La primera asciende a Q 133 mil y en una segunda se registran US$ 9 mil es decir Q 68 mil 760 —cambio del día Q 7.65—.
El MP informó que falta recibir varios reportes, para obtener el dato final del dinero que se le embargará al exfuncionario, quien se encuentra prófugo de la justicia.
La última vez que el MP tuvo información de Alejos, fue el último 27 de octubre, en las instalaciones de un gimnasio cerca de su residencia.
Allanamientos
Un día después de la segunda vuelta electoral se hicieron varios allanamientos para detener a 13 personas que integraban la red de corrupción que operaba en el IGSS, 11 de ellas detenidas.
Entre las personas que buscaban se encontraba el exfinancista de la UNE, quien logró evadir su captura y que a la fecha se encuetra prófugo de la justicia.
Al transcurrir las horas, ese 27 de octubre los nombres de los capturados empezaban a aparecer en las redes sociales, excepto el del también ex secretario privado de la Presidencia en el gobierno de Colom, la Fiscalía solicitó su arraigo a un juzgado, para evitar que salga del país, lo cual fue confirmado por la Dirección General de Migración.
Pasado el mediodía, en conferencia de prensa, la fiscal general, Thelma Aldana, aseveró que Alejos evitó ser capturado. Aseguró que el último lugar donde estuvo fue un gimnasio cerca de su residencia.
El comisionado Iván Velásquez confía en que el fracaso de la captura de Alejos no se haya debido a fuga de información, ya que la investigación se trabajó con discreción, al igual que otros casos
Thelma Aldana, jefa del MP informó que de noviembre del 2014 a abril del 2015 se investigó la existencia de esa organización —corrupción en el IGSS—, que buscó obtener beneficios ilícitos a través de servicios médicos e insumos en el Seguro Social, en la cual era operador y proveedor Alejos Cámbara.
La fiscal confirmó que Alejos, Juan Pablo Muralles y el exdirector del Hospital Roosevelt Alejandro Toledo, relacionados con siete empresas farmacéuticas, incidían “incluso” en los comités terapéuticos para estar en la lista básica de medicamentos que maneja el Instituto.
Dijo que el grupo tenía conocimiento de los eventos que estarían en el portal de Guatecompras, además de que establecían acuerdos de precios y las empresas que deberían participar en los concursos con funcionarios del IGSS.
Con influencias
Aldana aseveró que los operadores también tenían “plena” incidencia en el nombramiento de algunos directores de las unidades “importantes” del Instituto.
“Con mucha pena debemos informar cómo funcionarios periféricos del IGSS participaron en esta estructura de corrupción”, declaró la jefa del órgano de la persecución penal.
“En estos momentos estamos en el análisis de las negociaciones, pero podemos pensar que hubo negociación a través del Guatecompras de un evento diario”, confirmó.
Velásquez informó que la estructura de corrupción estaba formada por cuatro grupos: operadores, proveedores, funcionarios periféricos y funcionarios centrales.
Los operadores eran el contacto directo de los proveedores para ingresar en los procesos de contratación del Seguro Social y tramaban con la estructura la manera de ofertar bajo apariencia de legalidad, a fin de conseguir la adjudicación del concurso a cambio de una comisión.
Explicó que los proveedores son las personas físicas o empresas que establecen relación comercial con el IGSS. Los funcionarios periféricos eran técnicos y profesionales que podían modificar listas básicas de la institución.
Agregó que los funcionarios centrales eran del área administrativa, y su labor consistía en mantener contacto con los proveedores y operadores, para manipular procesos de adquisición, a fin de favorecerlos.
Las empresas de los tres operadores que se beneficiaron con los concursos del Seguro Social son Corporación Farmaclínicas, S. A. —Alejandro Toledo—, Meproser, Prizm y Mederi —Juan Pablo Muralles—.
Otras tres relacionadas con Alejos Cámbara son Droguería Colón, Evolución Farmacéutica, S. A., y Sabiapharma, S. A.
