A lo largo de los últimos años la administración pública permitió que el Estado dejara de funcionar, transformándolo en la caja chica que los funcionarios de turno usaron para salir de pobre en detrimento del pueblo que les eligió.

A partir el 16 de abril, cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala dieron a conocer la red de defraudación aduanera, la exigencia popular se enfocó en la renuncia de los mandatarios, ahora en la cárcel, como porque no continuara el proceso electoral, ante la ausencia de candidatos idóneos. Las fuerzas del poder público y privado cerraron filas, volcando su apoyo a la opción por el señor Jimmy Morales, quien fue electo presidente.

En el ambiente persiste la inconformidad de los ciudadanos ante el descalabro institucional. Dejó de haber inversión, llevando los servicios de salud, educación y seguridad pública al colapso. El gobernante electo no puede ignorar esas circunstancias, como tampoco que recibirá un Estado en trapos de cucaracha, llevado a su ineficiencia con el fin de demostrar lo que desde siempre se nos inculcó: el Estado en ineficiente como administrador, en tanto la iniciativa privada es todo lo contrario. Esa premisa fue demostrada, orillando al Estado a la quiebra, teniendo a la vista la solución: que los empresarios adquieran las empresas públicas, para garantizar su eficiencia: Guatel, Empresa Eléctrica, Aviateca, etcétera.

El señor Morales está llamado a no equivocarse y pensar que el mandato de sus electores representa apoyo a su plan de trabajo o a la trayectoria del partido que lo postuló. Su elección es resultado del rechazo a la clase política tradicional expresada durante las manifestaciones públicas del sábado 25 de abril al 29 de agosto, que se tradujo en la caída de los candidatos de los partidos Patriota, Líder y UNE.

La crisis inducida del Estado tiene varias facetas que van desde los pactos colectivos alcanzados por sindicatos estatales plagados de corrupción, como el propio gobierno, que deberán ser revisados. Estructuras del mal que pertenecen a las instituciones de servicios esenciales ya señalados, a cargo de funcionarios venales que deberán responder por sus actos.

En lo que se refiere a la inversión pública, los ministerios dejaron de hacerla, cediéndola graciosamente a la iniciativa privada, mediante mecanismos espurios. Entre esos está aquel que atenta en contra del patrimonio cultural de la Nación, tal el caso del Centro Administrativo del Estado que se pretende construir en el sitio de la Antigua Estación Central de Ferrocarril, contiguo al Centro Cívico.

Tan absurda idea se ampara en el decreto 16-2010 del 13 de abril de 2010, que creó la Agencia de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), como una institución estatal descentralizada que se financia con aportaciones del gobierno central. En otras palabras, se pretende dejar armado el último negocio de este nefasto período.

Ante tal estado de cosas, el Presidente electo tiene el reto de enderezar esos entuertos, para lo que requerirá de un equipo libre de compromisos.

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