Los reclamos ciudadanos son coincidentes en centros urbanos de todo el país, según se ha comprobado en los cabildos abiertos de Prensa Libre y Guatevisión. Al ser cuestionados sobre tales demandas, los aspirantes a alcaldías responden con un asentimiento acomodaticio a todo lo necesitado, pues invariablemente el período de campaña suele ser asumido como etapa de oferta de utopías y repetición de discursos condescendientes, en vez de ser un tiempo valioso para generar consensos, legalizar compromisos, establecer prioridades y pasar a la ejecución de planes con una agenda clara. Contrario a eso, una vez obtenida la plaza municipal o lograda la reelección, las administraciones locales suelen caer en nuevos marasmos.

Suministro de agua potable, manejo del tránsito, mal estado de vías, tratamiento de desechos líquidos y sólidos no son desafíos nuevos, pero resultan contadas las comunas en donde se han conseguido avances, fragmentados y a veces sin seguimiento, con lo cual la situación evoca el mito de Sísifo, aquel personaje griego que fue condenado a empujar una piedra redonda hasta lo alto de una loma, pero mientras dormía, por efecto de la pendiente, la roca volvía al punto de inicio y en la siguiente jornada había que volver a efectuar el mismo trabajo otra vez, en una secuencia infinita: un símil perfecto para las realidades que viven centenares de comunidades.

Cabe aprovechar la metáfora, suponiendo que la solución para romper el círculo vicioso de Sísifo sería que alguien más vigile la piedra para que no ruede colina abajo y, en caso de que ello suceda, lance la alerta para detenerla. Ese precisamente es el papel de los concejos municipales y, en general, de los vecinos, que tienen el derecho y la obligación a solicitar informes, explicaciones y detalles de las obras, cuentas y decisiones ediles. La intransigencia, soberbia y hasta vínculos oscuros de ciertos alcaldes han dificultado esta labor de vigilancia, pero no constituye un valladar insalvable. Además, en época electoral abundan las denuncias y señalamientos, con lo cual, por simple deducción, cabe atisbar la posibilidad de efectuar esta labor a lo largo de cuatro años.

Toda la fuerza, la autonomía y el conocimiento local propio de las comunas debe ser utilizado, en el marco de la ley, para procurar soluciones y desarrollo; pero que quede claro que solo se trata de demarcaciones administrativas, y no de feudos. Dicho sea esto para rechazar cualquier caudillismo o localismo excluyente; es decir, actitudes egocéntricas de alcaldes que se rehúsan a trabajar con los municipios vecinos a causa de rivalidades espurias. La cooperación entre alcaldías e incluso la organización nacional de las mismas se debe aprovechar para bien de las comunidades, y no para acuerpar causas aviesas o para servir a plataformas individualistas que más temprano que tarde caen en el descrédito, tal como sucedió en el 2017, cuando la Asociación Nacional de Municipalidades organizó un oficioso aval a las acciones del presidente Jimmy Morales, del cual después trataron de distanciarse.

Cada poblador debe valorar su voto. En su decisión no deberían pesar regalos clientelares ni discursos demagógicos, sino la trayectoria real del candidato, sus méritos, su hoja de servicio, sus conexiones con personajes señalados; en fin, su coherencia o incoherencia entre palabras y acciones. A fin de cuentas, una mala elección se paga, y muy caro.