Milagrosamente, el piloto de una unidad del transporte urbano, de la ruta 65, logró salvar su vida, el jueves recién pasado, al lanzarse al piso del autobús que conducía cuando un pandillero disparó contra la unidad. El conductor iba acompañado de su hijo, de 8 años, quien también salió ileso de un nuevo acto de barbarie que para las autoridades es una cifra más dentro de una macabra seguidilla de ataques contra conductores, que en la mayoría de casos termina con familias enlutadas y una impunidad que se prolonga con reiterados anuncios de investigaciones.

Las preguntas que cotidianamente se hacen millones de guatemaltecos son por qué se cometen tantos ataques, si las capturas que se anuncian tienen incidencia y si siguen saliendo órdenes de ejecución desde las porosas cárceles. No son solo conductores las víctimas, sino también tenderos, vendedores ruteros, tortilleras e incluso pasajeros de las unidades atacadas, con lo cual la cauda de muertos alcanza niveles de afrenta histórica contra el Estado de Guatemala, sin que los partidos políticos ni las autoridades de turno establezcan una agenda de Nación para combatir ese flagelo.

El Ministerio de Gobernación anunció que la Policía Nacional Civil incrementará los operativos en distintas rutas del transporte, para combatir los ataques. Algo loable, pero que suena repetitivo y que será limitado si no se involucran más actores sociales, incluidas empresas telefónicas, que pueden rastrear la proveniencia de llamadas.

Cuando se habla de una criminalidad tan impune, cuesta creer que esas bandas puedan tener tal nivel de poder por sí solas, lo cual deja la duda de posibles infiltrados y cómplices. Por otra parte, con los avances tecnológicos, el análisis de datos bien permitiría no solo rastrear, sino bloquear todos aquellos números cuya triangulación por antenas o GPS los ubique en sectores carcelarios, pues bien sabido es que los presidiarios incluso disponen de internet.

Por otra parte, hay cierta indiferencia social hacia la violencia, que bien puede estar enraizada en el miedo o en la rutina, pero que en todo caso es una situación de la cual la colectividad guatemalteca debería salir a manifestar con tanta o mayor fuerza que contra la corrupción. Cierto es que hay mafias que viven del temor y la pasividad inducida a través de hechos violentos, pero tales grupos pueden quedar acorralados si el Gobierno cumple su papel, si los tribunales ejercen su función y si la ciudadanía emprende una verdadera fiscalización de las acciones concretas contra esas organizaciones oscuras que viven de las fallas del sistema.

Justo la noche antes del ataque, un tribunal sentenció a 37 pandilleros por múltiples extorsiones, ataques y asesinatos a penas de hasta 400 años de prisión; sin duda, una condena ejemplar. Lo paradójico es que la mayoría de tales crímenes fueron coordinados desde las cárceles, por lo cual la ruta para el combate frontal está en la construcción de una verdadera prisión de máxima seguridad, con todas las garantías de ley, algo que el extinto gobierno del PP ofreció, pero que el afán de hacer negocios oscuros extinguió.