La salud de una nación se manifiesta en sus indicadores —los verdaderos, no aquellos manipulados por las instancias oficiales— sobre salud, nutrición, vivienda, educación y empleo. La calidad de vida de la población, por lo tanto, se verá reflejada en su acceso a estos servicios fundamentales garantizados por la Constitución, pero también en su aporte a la economía nacional en un juego de toma y daca propio de cualquier sociedad organizada.

Al echar una mirada alrededor, se pueden constatar los graves quebrantos de salud que sufre Guatemala. Con un elevado porcentaje de su población en la pobreza, más de la mitad de la niñez sufriendo desnutrición crónica, el sector de juventud abandonado a su suerte, índices injustificables de muertes maternas e infantiles, deficiencia en cobertura de salud y, por encima de eso, una corrupción rampante en todos los estratos de la administración pública y el sector empresarial, resulta imposible predecir una recuperación en el mediano plazo, pese a los esfuerzos realizados por algunas instituciones para desinfectar la casa.

Un ejemplo de la telaraña cuya fuerza obstaculiza cualquier avance es la perspectiva de éxito en el cambio a la Ley del Código Civil, sobre la edad mínima para contraer matrimonio, la cual favorece a niñas y niños por igual al fijarla en 18 años. Si vamos a la realidad, habría necesidad de eliminar toda fisura capaz de insertar por ahí una excepción a la norma con la sola firma de un juez. Para hacerla funcional, sería muy del caso vigilar el cumplimiento del acceso a la educación para toda niña y niño hasta —por lo menos— cumplir el ciclo básico. Pero eso también depende de la capacidad económica de las familias, un panorama bastante desolador en todo el territorio nacional.

Para que esas niñas y niños estén protegidos, es preciso contar con la vigilancia de padres, maestros y autoridades. Sin embargo, existen evidencias documentales de la prevalencia del abuso sexual y violencia contra este segmento vulnerable por parte de quienes les rodean en el hogar y en la comunidad, supuestamente los guardianes de su seguridad. En otras palabras, un gran porcentaje de infantes se encuentra a merced de sus victimarios. Pero esto es solo un ejemplo entre muchos otros de normas legales que chocan con la realidad.

La sociedad deberá realizar esfuerzos monumentales para restañar heridas y curar cánceres terminales en su tejido esencial. Sus instrumentos de fiscalización y control están en manos de sus peores enemigos, unos tras prebendas, privilegios fiscales y negocios millonarios a costa del patrimonio nacional, otros haciéndoles los favores y participando de las ganancias desde sus cargos oficiales, en una auténtica borrachera de poder. Las evidencias están ahí, todos los días, en las páginas de los periódicos y las imágenes de los noticiarios.

Guatemala presenta un abrumador mapa de patologías que podrían llevarla a la muerte institucional y la influencia de gobiernos extranjeros no será la cura para sus males. La única vía posible para frenar el deterioro está en manos de su gente y en la voluntad colectiva de limpiar a fondo la podredumbre.

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