Pasada la euforia por la aprobación del Decreto 8-2015 sobre las reformas al Código Civil, que elevan la edad del matrimonio a 18 años para hombres y mujeres por igual, es el momento de iniciar un proceso de reflexión sobre la norma y sus implicaciones en el futuro inmediato. Esta victoria de las organizaciones encargadas de velar por los derechos de la niñez sobre una asamblea legislativa, cuya actitud no parecía proclive a aceptar un cambio tan radical del estatus actual, es solo el paso inicial en la consolidación de una transformación sustancial en la vida de niñas y mujeres.

Este avance no ha dejado satisfechos a todos los seguidores del tema. Por supuesto, los legisladores se cuidaron muy bien de mantener algunas opciones abiertas, las cuales podrían ser utilizadas para evadir el mandato legal y continuar con tradiciones machistas y discriminatorias características de la sociedad actual. Sin embargo, también representa una esperanza de cambio al limitar de manera estricta la costumbre ancestral de casar a las niñas con hombres adultos en una práctica de trato de personas humillante y perversa.

Durante la sesión en la cual se aprobó de urgencia nacional el Decreto 8-2015, fueron 15 los diputados opuestos al cambio que favorece a las niñas de Guatemala. Estos diputados, cuyos intereses parecen haberse desviado de objetivo, pertenecen a los bloques del PP, Líder, Podemos, Creo y UNE. Algo que llamó la atención fue el voto de rechazo de dos mujeres: Beatriz Canastuj y Daniela Beltranena, a quien aparentemente no le importa quedar inscrita en los anales por esta desafortunada y única participación.

En la historia del país, las oportunidades de las mujeres para optar a cargos de elección popular o posiciones políticas relevantes han sido mínimas y llenas de obstáculos. Los temas fundamentales de discusión, no obstante, tocan aspectos de enorme trascendencia para el sector femenino, el cual se encuentra subrepresentado en todas las instancias de decisión.

Por ello es decepcionante observar, en las pocas mujeres que han tenido acceso a esas instancias, actitudes abiertamente discriminatorias contra su propio género, a sabiendas de que esas decisiones significarán un retroceso en los escasos avances alcanzados con mucha dificultad a través de los años. La ley que fijaba la edad de matrimonio en 14 años para las niñas y 16 para los niños no solo era inconstitucional —por ser discriminatoria—, sino atentaba contra la integridad física y emocional de un sector carente de poder de decisión sobre su propio futuro y constituía una amenaza para las perspectivas de desarrollo social de la nación, por lo cual su aprobación era un acto de justicia.

Las reformas decretadas no serán la panacea y el acuciante problema de violaciones, embarazos de niñas y adolescentes, explotación sexual y trata, continuarán existiendo como una de las peores lacras de esta sociedad. Pero también se abren las posibilidades de iniciar una labor de toma de conciencia y educación —ya con base en una ley que establece los límites—, cuyos alcances y resultados podrían ser determinantes para un cambio de vida de miles de niñas actualmente en riesgo.