El Banco de Guatemala (Banguat) y sus tecnócratas afirman que la economía informal es una operación de costo-beneficio de los agentes económicos disidentes del sector formal, cuyo origen se encuentra en los costos de entrada (burocracia engorrosa y precios onerosos), costos de permanencia (pago de impuestos, cumplimiento de normas laborales, regulaciones de salud, medioambiente, pago de salarios mínimos, competencia y tecnificación permanente), educación precaria (cobertura, calidad y educación para el trabajo) e incipiente industrialización.

Según el Banguat, un país típico de América Latina y el Caribe produce alrededor del 40% del PIB, empleando un 70% de fuerza de trabajo informal. Conforme la ENEI de 2014, la PEA la conformaban 6.168,470 personas, de las cuales 180,295 se encontraban desocupadas. La tasa de desempleo abierto fue de 2.9, la tasa de desempleo visible fue de 14.4, donde sobresale un indicador alarmante: la tasa de informalidad es de 69.3; este es el talón de Aquiles del mercado laboral guatemalteco, que evidencia desigualdad y discriminación.

Ahora bien, reflexionar integralmente sobre esta cuestión implica preguntarnos lo siguiente: ¿Acaso no, la economía informal es producto de políticas históricas de exclusión y racismo de los grupos de capital en Guatemala? ¿Cuál es la capacidad real del empresariado para generar empleos formales, dignos y sostenibles? ¿Cuáles son las relaciones de la economía informal con el crimen organizado, el clientelismo político y los empresarios “intachables”? ¿Cómo contribuye el Estado a formalizar a este subsector económico (políticas públicas, legislación, presupuesto y burocracia)? ¿Quiénes se benefician más del contrabando y la defraudación aduanera: los informales o los empresarios tradicionales/emergentes lícitos (seguimos a la espera de que la Cicig y el MP desmantelen y enjuicien a la Línea 2)?

Empero, la informalidad económica obedece a causas estructurales como las siguientes: a) Políticas macroeconómicas de corte monetarista y neoliberales (achicamiento extremo del Estado social), que favorecen el interés privado; b) Procesos de acumulación global asimétricos (competencia restringida vía los bloques geoeconómicos y los organismos financieros); c) Ausencia/incumplimiento de marcos jurídicos y políticos nacionales/internacionales sobre derecho del trabajo, comercio justo y equidad tributaria; d) Modelo de desarrollo económico concentrador de la riqueza, degradador del medioambiente, y precapitalista en cuanto a la producción y republicanismo; e) desmantelamiento de los sistemas de seguridad social (politización, corrupción y burocratismo); y f) Barreras de entrada a los emprendedores honestos, oligopolización del mercado, falta de acceso a la tecnología y capital humano poco competitivo.

Finalmente, la informalidad favorece el socavamiento del estado de Derecho, institucionaliza paliativos para la reducción de la pobreza, y hasta cierto punto permite la expansión mercantil de los grupos empresariales, donde es imprescindible un nuevo pacto solidario y estratégico por el desarrollo entre el Estado y el mercado.

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