Se avecina la discusión del anteproyecto de presupuesto 2016, mismo que fuera preparado por la administración patriotera —cuyos funcionarios encontraron impunidad/continuidad con Maldonado Aguirre—. De un monto total de 72.95 millardos de quetzales, Q11.1 millardos serían nueva deuda con la banca nacional (dinero fuera del circuito productivo) y otros Q3.5 millardos provendrían de préstamos con organismos internacionales. El resto vendría de la tributación.

Pienso que el nuevo gobierno no debe plantearse reducir el presupuesto de buenas a primeras. Más bien le recomendaría hacer primero una revisión integral, a la luz de los ofrecimientos que ya han hecho. Más que recortes, se requieren más ingresos (no nuevos tributos) y una mejor programación del gasto.

En esa línea, hay ya propuestas. Fundesa planteó ayer en qué ministerios y secretarías se podrían hacer recortes. Carezco de detalles al respecto, pero no sorprende que estimen que unos dos millardos de quetzales pudieran ser reprogramados. También está la sugerencia del licenciado Érick Coyoy, ex viceministro de Finanzas, de reducir al menos por este año el aporte del IVA-paz a los Consejos Departamentales de Desarrollo, que bien asciende a otros dos millardos, y cuyos resultados son altamente cuestionables. En esa línea, propongo también al presidente electo que forje un acuerdo con las cámaras empresariales para que este año no se pague el crédito fiscal, equivalente a 2,744.3 millardos. De esa cuenta, los costos de ajustar el presupuesto por el lado del gasto serían compartidos de manera bastante equitativa por todas las partes: gobierno central, empresarios, ciudadanos y gobiernos locales.

Solo con estas tres medidas serían casi Q7,000 millones para fortalecer salud, educación, gestión de riesgos, agricultura campesina, pequeños emprendedores urbanos, el MP y el Organismo Judicial. Estos recursos deberían incluirse con destino predeterminado y regularse en la ley presupuestaria.

Respecto a los ingresos, parte de las tareas inmediatas del presidente electo será convencer a sus financistas, padrinos políticos y al electorado para que tributen. Su carta de venta electoral fue la honestidad. Es el momento de que esa confianza se traduzca en recursos para el fisco, que le permitan implementar sus promesas de campaña. Para ello, a la brevedad posible debería estar presentando su hoja de ruta para levantar la SAT, mejorar la recaudación y trabajar para convencer al electorado.

Algo que debería comenzar a considerar también es la reducción progresiva del Gasto Tributario. Según Minfin, este se entiende como: “La parte de la recaudación tributaria que el Gobierno Central deja de percibir como resultado de tratamientos especiales, atendiendo a su objetivo superior como herramienta de política pública. Dentro de estos “tratamientos especiales” están las exoneraciones, exenciones de impuestos, franquicias, deducciones especiales, y otras medidas contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias e instrumentos de política económica previstas por el Estado”.

Solo para el 2016, la SAT estimó el gasto tributario en Q12,992.2 millones. Este sería el monto que dejará de percibir el Estado por mantener privilegios. Más del doble de lo que podría ganar con los recortes de gasto ya señalados. Solo con esa medida, aplicada de manera gradual para no crear un shock a las empresas, en cuatro años ya no se necesitaría contratar más deuda interna para financiar el funcionamiento del Estado.