Las discusiones en el Congreso de la República, en los meses que preceden al año fiscal —que principia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre— son siempre frondosa fuente de comentarios, sospechas y señalamientos que nacen en el seno de grupos políticos de oposición, por una parte, de los entendidos en materias fiscales, por la otra, y de comentaristas que no son ni una ni la otra cosa, pero que ejercen así su derecho a opinar, sin ser molestados.

Un derecho fenomenalmente hermoso utilizado por cien mil manifestantes en la Plaza de la Constitución hace pocos meses.

En tiempos pasados el Ministerio de Finanzas, con algunas excepciones, mantuvo un perfil de seriedad y confiabilidad, características que fueron muy apreciadas por la opinión pública y por quienes conocen a fondo las funciones de esa parte del Ejecutivo.

Pero, en los nuevos tiempos, todas las instituciones integrantes de la Administración, comenzando por la Presidencia y la Vicepresidencia, han estado sometidas al escrutinio público y al ojo avizor de entidades nacionales e internacionales que investigan, denuncian y promueven procesos penales, y a las acciones de los operadores de justicia.

Han escarbado hondo y encontrado infecciones. Por eso hay procesos y presos.

El más reciente escándalo ha ocurrido en este año y afecta a una de las más importantes entidades del Ministerio de Finanzas, la que es centro de acopio del dinero que entregamos los contribuyentes; la vitrina mejor cuidada del citado ministerio: la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Necesario es aclarar que no es la entidad la desacreditada, sino los funcionarios directa y personalmente denunciados, sometidos a procesos penales, algunos de los cuales ya están tras las rejas y a merced de los tribunales de justicia.

Es necesario repetir también que hay muchísimos funcionarios y empleados en el Ministerio de Finanzas que son altamente honorables.

Mas, son tiempos en los que en el Congreso de la República los diputados se enfrascan en amplios debates acerca del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Y esos debates tienen sonidos metálicos como los de los redoblantes de las bandas de música.

El actual ministro de Finanzas poco puede hacer ya para enderezar los parales torcidos de algunos de los recintos de su ministerio. Y sin embargo, ese poco le da oportunidad de hacer historia si abre ventanas de información que han permanecido cerradas.

A título personal y en su calidad de ministro, debería entregar a la Nación los resultados de un informe completo acerca de cómo ha sido gastado el dinero recaudado durante los pasados diez años, puntualizando, por ejemplo, las erogaciones para el deporte profesional, las organizaciones no gubernamentales, los contratos para obras de infraestructura, los fideicomisos y, en fin, las mil actividades más que reciben partes importantes del dinero fiscal. Porque ¿qué otra cosa más importante para salvar la historia de su paso por el Gobierno puede hacer?

Hablo de un estudio a fondo, objetivo, profesional, sin ánimo de culpar a nadie por lo sucedido en el pasado —de lo cual se ocupan ya las correspondientes fiscalías del Ministerio Público— que permita tener a la vista un diagnóstico amplio, exacto y veraz, hecho con honradez administrativa, para que en el futuro puedan ser controlados los focos de infección que, al igual que en otros ministerios, los hay en el de Finanzas Públicas.

No es un asunto fácil, desde luego, pero con el deseo de servir a la población que paga impuestos debe intentarlo. Y supongo que en la misma situación están todos los demás integrantes del Consejo de Ministros, sin olvidar que cada uno de ellos es responsable de las políticas públicas y de los hechos aprobados por el Gobierno. En efecto, de las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables, salvo quienes hubiesen votado en contra.

Pero, también son responsables ante su conciencia. ¡Nada menos!