La triste y evitable tragedia de El Cambray 2 se ha vuelto un tema relacionado con la actual campaña electoral, por ser el resultado de la concatenación de una serie de hechos, entre los cuales destaca la fuerza que deben tener los dictámenes técnicos no solo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), sino los realizados por instituciones científicas nacionales e internacionales, que durante años han señalado los peligros de construir viviendas en sitios inadecuados y riesgosos.

El problema principal radica en que los guatemaltecos, en general, no tienen una conciencia plena de los riesgos a la vida humana que representan las viviendas construidas en laderas o en el fondo de barrancos que usualmente tienen riachuelos. Por razones políticas, los gobiernos no hacen su mejor esfuerzo para evitar las edificaciones. Por corrupción, las alcaldías permiten los asentamientos de casas que apenas pueden merecer ese apelativo, o incluso se da el caso de viviendas construidas con materiales que provocan en los ciudadanos la percepción de que pueden resistir los embates de la naturaleza.

Ya existen suficientes estudios para señalar los lugares de mayor peligro, aunque en general el terreno donde se asienta la capital guatemalteca es geológicamente muy complicado, entre otras razones porque su material es débil a causa de fenómenos naturales ocurridos durante varios miles de años. También aumenta esos peligros la presencia de fallas geológicas que atraviesan el país y están cercanas al valle de Guatemala.

Sin embargo, no es solo el área capitalina la expuesta a deslaves provocados por movimientos telúricos de poca intensidad, aguaceros, tala de bosques, etcétera. La Conred señala en sus informes que existe riesgo de este tipo en un 12 por ciento del territorio nacional, y que los departamentos —además del de Guatemala— donde se presentan peligros similares son Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché y San Marcos. Se trata de un problema de país que necesita de planes y acciones preparados por el gobierno central, con la colaboración técnica nacional e internacional, y llevados a cabo por las municipalidades.

Un plan adicional se debe relacionar con el convencimiento a los ciudadanos del peligro que corren a causa de una o varias de las razones expuestas aquí. Los alcaldes deben ser también instruidos de que al autorizar la construcción de viviendas la tala inmoderada y los cambios al lecho de los ríos —por señalar dos ejemplos— tarde o temprano se van a convertir en el motivo principal de mortandad como la de El Cambray 2, que enluta y provoca dolor en este momento a los guatemaltecos. Son necesarias campañas de explicación de hechos como la solidez del suelo y el peligro de las laderas. Es fácil comprenderlo porque es lógico y es evidente en muchos casos.

La razón por que es urgente saber cuáles son los planes de los candidatos presidenciales al respecto de estos temas, es que afectan a todo el país y a una buena parte de la población. Ese 12 por ciento de terreno con riesgo se encuentra en algunas de las áreas más pobladas del país, donde también existen poblados de todo tamaño donde vive un porcentaje importante de la población, señalado por la Conred en medio millón de personas, cantidad que muy posiblemente es mucho mayor.