El pasado 6 de septiembre, más del 70% de los guatemaltecos aptos para votar decidió ejercer el derecho constitucional de celebrar el proceso de elecciones generales, poniendo lo mejor de su parte.

Un inusual ejercicio de meditación cívico-cultural, con el fin de evitar hundirnos en la cloaca política cimentada con tanto esmero, rompió con los pronósticos, dando como resultado un respiro para la preparación de la segunda vuelta, eliminando de la contienda a quien no se deseaba, pese a sus esfuerzos a lo largo de los últimos tres años y medio. Los finalistas confirman lo que desde el 25 de abril dijimos en las manifestaciones públicas que se repitieron a lo largo de más de 20 semanas. “En estas condiciones no queremos elecciones”, dado que ninguno de los candidatos punteros satisfacía los deseos de la mayoría.

Ninguno de los aspirantes que disputará los cargos de presidente y vicepresidente de la República, el domingo 25 de octubre, llena nuestras expectativas. Ellos, por su parte, tampoco hacen el esfuerzo por convencernos de lo contrario. No han dado a conocer sus planes de trabajo y menos aún a quienes les acompañarán en la dirección y administración del país, probablemente porque la sola mención de sus nombres puede resultar negativo para el último intento por ganar la elección o porque su selección todavía es motivo de negociación con otros partidos políticos, grupos de poder económico o financistas. El mensaje que la población recibe es de desconfianza, porque quien quiera que quede pueda ser un poco, bastante o mucho más de lo mismo de lo que apenas nos acabamos de deshacer.

El frágil panorama político-electoral de hoy tiene la particularidad de ser evidente para la mayoría, debido a la denuncia del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sobre la inmensa corrupción de sus máximas autoridades. La ineficiencia del gobierno del PP y el indiscriminado abuso de poder provocó que los ciudadanos salieran a protestar a las calles, de donde emanó una importante toma de conciencia sobre derechos y deberes ciudadanos, así como la dimensión del problema. Se tuvo certeza de lo que ya se sabía, que el PP, una vez en el poder, copó los tres poderes del Estado y la administración pública con el fin de garantizarse inmunidad, de ahí su comportamiento inédito y abusivo. La reacción de los encartados, una vez ligados a proceso, ha sido de no dar crédito a lo que les está pasando.

Ante las actuales circunstancias, es válido considerar que no importa quién de los contendientes salga electo. Ninguno es favorito, no llena las expectativas de los guatemaltecos y ellos lo saben. El ganador y su equipo llegará al poder con el descrédito que la clase política se ha ganado a pulso a lo largo de los últimos decenios; recibirá un Estado desfinanciado y contará con un presupuesto aprobado por la actual legislatura, hecho a la medida de sus propios intereses, que no son los de la Nación. Pero sobre todo, y he ahí el detalle, sabe que habrá una ciudadanía atenta y vigilante a su actuar, que no esperará el final de su período para pedirle cuentas.

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