El expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti tuvieron ayer uno de los peores días, al ser señalados en forma directa por Salvador Estuardo González, alias Eco, no solo como conocedores de los hechos delictivos cometidos por la organización criminal llamada la Línea, sino como participantes en la repartición de la mitad del dinero dolosamente obtenido por las actividades de la estructura criminal dedicada a reducir los impuestos en las importaciones del país.

Durante casi todo el día, en el Juzgado de Mayor Riesgo, González afirmó, además, que según le había indicado Francisco Javier Ortiz, alias el Teniente Jerez, los hechos podrían haber sido del conocimiento de personal de la embajada estadounidense en Guatemala. Esto, obviamente, necesita una mayor y profunda investigación de parte de las autoridades respectivas.

Todo ello aumenta el interés nacional de conocer los verdaderos alcances de las acciones de quienes ahora se encuentran en prisión como consecuencia, en buena parte, de las presiones que durante más de 20 semanas ejercieron los guatemaltecos al participar en las manifestaciones contra la corrupción y al exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta, que encaran el duro señalamiento del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de ser quienes encabezaban esa estructura.

Ciertamente, las declaraciones provienen de una persona que podría ser considerada de poca credibilidad, como consecuencia de que su destino personal está directamente ligado con las resultas de las investigaciones emprendidas por el MP y la Cicig. Sin embargo, los detalles de las declaraciones permiten pensar que corresponden a la realidad y a ello se debe que el futuro de los dos exfuncionarios sea francamente negro.

Se debe investigar también la veracidad de la versión de González, quien afirma que conoció a Pérez Molina cuando ya estaba en el Gobierno, y que ingresó por tener amistad con Juan Carlos Monzón Rojas, quien fue secretario privado de Baldetti. Le entregó, además, 50 mil quetzales a la exintendente de Aduanas Claudia Méndez Asencio, actualmente en prisión y a la espera de que llegue su turno para presentarse de nuevo ante el juez, quien, por aparte, decidió pedir protección especial para el declarante, lo cual es aceptable por cualquier tipo de riesgo que pueda correr.

Lo ocurrido ayer mantiene la prueba a la que está sostenido el sistema de justicia de Guatemala, pero en parte a causa de que las acusaciones y revelaciones provienen de alguien que se encontraba muy cerca de los dos acusados y por ello es que la gravedad de estas es imposible de minimizar.

Lo ocurrido en Guatemala a partir de abril pasado ha recibido elogios en numerosos países, debido a que todos los avances en la lucha contra la corrupción se han logrado sin violencia y con la aplicación de las leyes. Se debe mantener de esa manera, a fin de permitirles a los guatemaltecos no olvidar que el ejercicio de los derechos tiene frutos, cuando se cumple con la tarea de dar a conocer su criterio. Mientras, el drama del caso la Línea se mantiene y entra a la historia nacional.