El caso llegó a la CC porque el 27 de febrero, los magistrados de la CSJ decidieron rechazar sin conocer la solicitud del MP y la Cicig para el retiro del antejuicio a Torres y cuatro diputados más, para investigarla por los posibles delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
Casi tres meses después, la CC otorgó el amparo provisional. Estos son los puntos más importantes de dicha decisión:
- La CC resuelve suspender la resolución de la CSJ del 27 de febrero.
- Aunque la CC suspende la resolución, no ordena que la CSJ vuelva a conocer el expediente de Torres de forma inmediata, como lo pedía el MP y la Cicicg, y dice que lo puede hacer hasta que el fallo esté en firme.
- No hay plazo para que la CC resuelva en definitiva sobre el fallo. Mientras, Torres continúa con su candidatura a la presidencia y su inmunidad está intacta.
- Los cuatro diputados denunciados y Sandra Torres presentaron acciones ante la CC por “violación de derechos constitucionales”, lo que puede tener efecto sobre el amparo definitivo si la corte considera que se violó su derecho a la inmunidad.
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Junto con Torres, se pidió el retiro de la inmunidad para los diputados de la UNE, Karina Paz, Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales.
El caso se originó de las pesquisas del caso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.
Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe. Las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo- y la última con el diputado de la UNE, Ixcamey.
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