Vamos de nuevo a las urnas, enmedio de la espantosa disyuntiva de escoger entre un comediante racista y misógino y una señora ambiciosa e inescrupulosa. Sin importar quién quede, allí sigue el 80-90% de quienes conforman “las líneas”, las estructuras mafiosas que roban dinero del pueblo de Guatemala desde hace más de tres décadas. Entre la ciudadanía hay sentimientos mezclados, que afloran en pláticas, columnas, editoriales, programas de radio: confusión, desesperación, frustración, esperanza, optimismo, miedo, tristeza…, pues no queda claro cuán reales y profundos son los cambios que se van logrando. ¿Se está depurando el sistema corrupto a base de investigación y aplicación de justicia; o solo son unos cuantos sacrificios, inevitables para calmar los ánimos de la población, y el sistema sigue funcionando como antes?

Las decisiones de los políticos que gobiernan, y las políticas que adopta un país, afectan a la naturaleza. Hay países y hay políticos que deciden cuidarla y protegerla; otros se dedican a venderla y a explotarla. Casi ningún presidente guatemalteco ha sobresalido por impulsar medidas extraordinarias en defensa de la naturaleza guatemalteca, con lo cual se beneficia a todos sus habitantes. Algunos exmandatarios se distinguieron, en cambio, por entregar nuestros recursos naturales al mejor postor, al permitir la degradación y contaminación del territorio guatemalteco, o por participar… ¿Ven por dónde va la línea? La corrupción instalada en el Ministerio de Ambiente es de miedo. Allí se aprueban evaluaciones de impacto ambiental criminales; se pierden expedientes, se deja de cobrar multas e impuestos, cuando estos son de amigos o de funcionarios “influyentes”… y un largo etcétera. Hay jueces involucrados en la línea de corrupción ambiental, que ojalá pueda perseguir la Cicig algún día, pues es otro poder paralelo desde donde se estafa a la población más vulnerable de Guatemala. Hay que ver quién da y también quién recibe. Pero también hay jueces valiosos, como Karla Hernández, del juzgado penal de delitos contra el ambiente de Petén, a quien hay que proteger. Esto apenas empieza.

Tal vez ahora la población capitalina logre comprender mejor la frustración de quienes hacen marchas para tratar de detener un proyecto minero que no respetó las leyes, que podría destruir el lugar donde viven y que goza de la protección de funcionarios de alto nivel, de instituciones nacionales y de las fuerzas de seguridad. Si les ven marchando otra vez, recuerden la indignación que nos llevó a la Plaza, por la corrupción y la injusticia. Ojalá nadie vuelva a repetir que son manipulados o acarreados esos férreos defensores de esta hermosa tierra que nos vio nacer.

(Para cerrar en positivo, celebro la sentencia de la Sala de Apelaciones que revoca la condena penal contra el defensor de derechos humanos y activista ambiental Óscar Morales, acusado en el marco de otro conflicto minero, en Santa Rosa y Jalapa, que involucra a la minera San Rafael).