El fallo puede significar el mantenimiento de la política de contención que el Ministerio de Finanzas implantó como resultado de la falta de ingresos tributarios que caracterizó a la administración del expresidente Otto Pérez Molina.
Además, se agravaría la brecha fiscal —impuestos programados, pero no cobrados—, que a agosto acumula Q3 mil 135.1 millones que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no ha podido cobrar y que no ha transferido a Finanzas para su ejecución.
Sin opciones
Alfredo del Cid Pinillos, exministro de Finanzas, afirmó que la situación financiera del Gobierno en este momento será caótica, porque no contará con recursos en caja fiscal, lo que se trasladará a las nuevas autoridades en enero.
La opción que el gobierno de transición tiene es hacer un sustancial recorte del gasto.
Aseguró que recurrir a una emisión extraordinaria de bonos no es recomendable, por la situación política en el Congreso.
Al cierre de la edición, el ministro de Finanzas, Dorval Carías, señaló que no se pronunciaría sino hasta estudiar la resolución de la CC, así como las implicaciones que la sentencia tendría en las finanzas.
Los recortes por aplicar serían en insumos, suministros, vehículos, viajes al exterior y telefonía, entre otros rubros.
Resolución
Martín Guzmán, secretario de la CC, señaló que el fallo del máximo tribunal influye en el presupuesto actual y en alguna medida podría proyectar los efectos al presupuesto del 2016, ya sea que se apruebe uno nuevo o bien que se deje el de este año, de no llegarse a consenso en el Congreso.
“La Corte, con base en los argumentos que expresaron cada uno de los accionantes —al menos 12—, llegó a determinar la declaratoria con lugar de las normas impugnadas, y la sentencia es por unanimidad”, indicó Guzmán.
El fallo consta de cien páginas, y en 60 de ellas se encuentran los argumentos del máximo tribunal por cada impugnación presentada. En total, fueron expulsados 22 artículos y tres de manera parcial.
Déficit de ingresos
La resolución dejó sin efecto el cobro mensual de Q5 a cada línea activa de telefonía móvil y fija, Q5 por el impuesto a la distribución de cemento y el incremento del porcentaje a 10% a las regalías por la explotación de minerales y materiales de construcción.
El impuesto y las reformas fueron aprobadas el 28 de noviembre del 2014 por el Congreso, cuando se avaló el presupuesto de ingresos y egresos por Q70 mil 600 millones.
Según el plan de ingresos, que a agosto último mantenía una brecha de Q844.1 millones, el impuesto a la telefonía aportaría Q1 mil 344 millones.
Las regalías por la explotación de minerales y materiales de construcción, que se pagan al cierre del ejercicio, aportarían Q531.4 millones. Hasta agosto último, la SAT reportó Q173.7 millones en ingresos por regalías e hidrocarburos compartibles, lo que significa una caída de Q588.6 millones en la meta programada.
El único impuesto que respondió de manera favorable a la recaudación durante el período de vigencia fue el de distribución de cemento, que subió en 236.8%, Q160 millones más respecto del 2014. Este año, la recaudación fue de Q228.4 millones, mientras que en el 2014 alcanzó Q67.8 millones.
Las empresas fabricantes de cemento trasladaron de manera automática ese impuesto a los consumidores.
Hasta anoche, la SAT y Finanzas estudiaban los alcances de la resolución de la CC sobre posibles reembolsos, y si quedarían como amortizaciones o como pagos anticipados.
