Las recientes elecciones generales se dieron, pese a los deseos de tantos, en condiciones inapropiadas, sumidas en el descontento con los gobernantes y políticos, quienes por décadas se han enriquecido a costas del bienestar del pueblo al que juraron favorecer al asumir cargos públicos, sea por elección o nombramiento, en cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El resultado de las 19 manifestaciones sabatinas y otras intermedias fue la renuncia, encarcelamiento e inicio de proceso judicial en contra de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez, acusados de liderar la defraudación aduanera, entre diferentes señalamientos.

Sumado a eso, a partir del 14 de enero de 2012, los guatemaltecos fuimos testigos pasivos del peor gobierno de la era democrática inaugurada en 1985, cuando entró en vigencia la actual Constitución Política y tomó posesión el primer gobierno democráticamente electo. Desde entonces, enero de 2012, la mayor fuerza política en el Congreso de la República la integró, con los tránsfugas de ocasión, el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), que se dedicó a bloquear la labor legislativa, ya fuera interpelando a los ministros de Estado de manera absurda y permanente o ausentándose de las asambleas plenarias, impidiendo el quórum necesario para aprobar o improbar asuntos importantes para el Organismo Ejecutivo o bien, uniendo esfuerzos con el oficialista Partido Patriota (PP) y con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que más que estrategia política se vio como contubernio para manejar la cosa pública y junto a eso, la distribución de proyectos de infraestructura a nivel nacional con diputados afines, entre otros ilícitos.

Esos tres partidos políticos también, desde el inicio de la actual administración, se declararon en campaña política de cara a las elecciones del pasado 6 de septiembre, violando la legislación vigente que debió hacer valer el Tribunal Supremo Electoral, institución que actuó de manera débil, tímida y errática. Llegó a imponer irrisorias multas y no actuó como se esperaba, cancelando a esos partidos. El resultado fue que la población expresara claramente en sus manifestaciones “en estas condiciones no queremos elecciones”, pues estaba claro que con candidatos de esa calidad, no había opción para elegir. Cumplir con la convocatoria era un requisito legal para escoger entre los malos al menos peor.

Una primera lectura del proceso es que el candidato de Líder, quien desde el 14 de enero de 2012 se creyó el próximo Presidente, pecó de soberbia y fue eliminado de la contienda, con el agravante de que la millonaria deuda de campaña, estando fuera del gobierno, será difícil de pagar. Y otra, que los manifestantes teníamos razón en cuanto a que las condiciones no eran propicias, ya que seguimos sin tener opción a elegir. El sistema nos limitó a escoger.

Ante una situación extrema podemos, por ejemplo, elegir entre vivir o morir. Pero si hemos sido condenados a muerte, solo tenemos opción a escoger la rama de la que penderá la soga con que nos ahorcarán. He ahí la diferencia.

jmmaganajuarez@gmail.com