Nuestra Constitución reconoce a la educación como un derecho humano, garantiza la libertad de enseñanza y criterio docente y su fin primordial es el desarrollo integral de la persona, así como el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. Además, se declara de interés nacional la enseñanza sistemática de la Constitución y los derechos humanos.

Los estados autoritarios tienen de enemigo a la educación. Es más fácil gobernar borregos que ciudadanos. En el mundo está el debate de si la educación prepara consumidores o ciudadanos. Acá estamos lejos de acceder a la puerta de esa discusión. Un grupo de fanáticos e intolerantes promueve una ley, conocida como Ley para la Protección de la Vida y la Familia (iniciativa 5272), que en su artículo 15 propone una de las monstruosidades que solo pueden presentarse cuando se cree impune e iluminado.

“Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”. Según la OMS, en una búsqueda rápida en Google, la adolescencia llega a los 19 años, mientras que para otros estudiosos llega a los 21. Esto significa que la prohibición abarca a buena cantidad de universitarios.

Nuestros diputados, en su afán de mantener a la población en la oscuridad, pretenden no enseñar sobre conductas sexuales “distintas a la heterosexualidad”, porque todo lo demás es “anormal”. Por supuesto, los patojos pueden en Twitter, cable, revistas o cualquier medio acceder de forma ilimitada a cualquier tipo de información sin ninguna guía y llenarse de dudas.

En plena era del conocimiento, ciertos diputados se visten de nuevo de inquisidores, porque en el remoto caso de que dicho absurdo estuviese vigente, el Ministerio de Educación tendría que supervisar la currícula y ¡Dios guarde si un maestro toca el tema de la homosexualidad!

Mientras en el mundo occidental existe abundante material escolar y científico en torno a los distintos temas sexuales, los torquemadas guatemaltecos pretenden mantener a los patojos sumidos en la más profunda ignorancia, y si un adolescente tiene duda sobre su sexualidad jamás podría recurrir al sistema educativo para instrucción. Nuestro subdesarrollo político es marcado con fluorescencia en un país de migrantes, donde miles de padres se pierden la adolescencia de sus hijos.

Acudir a la religión para sustentar criterios políticos es cada vez más común dentro de nuestro medio. A las leyes se les pone nombre “bonito” para granjearse simpatías y adeptos, “Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de Infraestructura de Transmisión de Datos”, eufemísticamente nombrada a la norma que por trinquete aprobaron diputados pagados por el gobierno del Partido Patriota y la empresa Tigo, conforme ha salido a luz, e incluso donde es señalado el candidato oficial, Estuardo Galdámez.

Suponer que una familia está protegida porque los patojos deben, si están interesados, acudir a fuentes informales de consulta sobre temas sexuales “distintos a la heterosexualidad” es un suicidio social y una irresponsabilidad mayúscula. El miedo a la educación sale a relucir. Una ley jamás debe poner límites al conocimiento y menos aún al acceso del mismo. Escupir en la cara de un pueblo donde la educación, privada y pública, tiene grandes fallas estructurales para quedar bien con talibanes tropicales del siglo 21 es una violación a los derechos humanos en su más clara concepción, y a esos censuradores debemos mandarlos a… más lejos que su casa.