El juez Miguel Ángel Gálvez, con su decisión de enviar a prisión preventiva al expresidente Otto Pérez Molina y fijarle audiencia para el 21 de diciembre próximo, abre un capítulo de la azarosa vida nacional, en el cual por primera vez ocurre que quien haya encabezado el Organismo Ejecutivo se encuentre tras las rejas y deba someterse al sistema jurídico. Ese plazo es el dictado por la ley para que el Ministerio Público (MP) pueda dedicarse a consolidar las pruebas de una acusación que lo obligó a dimitir del cargo.

En la corta trayectoria de vida democrática han sido muchos los abusos cometidos por los gobernantes y sus equipos más cercanos, que en demasiadas ocasiones se han involucrado en actos de corrupción. Estos han quedado impunes porque cada gobernante y quienes los rodean se han encargado de maniatar a los órganos encargados de la investigación y la persecución penal.

A ello se ha debido el bochornoso y alto número de jefes del Ministerio Público removidos a causa de sus actitudes pusilánimes o de haberse puesto al servicio de funcionarios dedicados a la rapiña de los bienes nacionales. Esta situación cambió con la decisión de la nueva jefa del MP, Thelma Aldana, de actuar junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para fortalecer el estado de Derecho.

Lo ocurrido desde abril, con las manifestaciones populares contra la corrupción, la renuncia de Roxana Baldetti a la Vicepresidencia y luego la del presidente Pérez Molina, como resultado de las acciones legales efectuadas en el pleno del Congreso, constituyen una serie de hechos que tienen una dualidad: por un lado, es positivo que se aplique la ley y que el exmandatario esté a disposición de la justicia.

Pero por el otro es, sin duda, lamentable que todo esto esté ocurriendo, porque comprueba que la presión popular se debió al hartazgo ante la corrupción, evidenciada —por ejemplo— en la adquisición desmedida de bienes cuyo costo no se puede cubrir sin que haya fondos sustraídos del Estado.

La participación popular en las elecciones, al haber sido la más numerosa de la historia del país, se convirtió en una muestra más de que los ciudadanos rechazan los abusos de todo tipo cometidos por los políticos de turno. Esa es una de las razones que explican el primer lugar obtenido por Jimmy Morales, alguien con cero experiencia política y conocido por los ciudadanos por haber sido un comediante televisivo y también alguien relacionado de alguna manera con la tarea de predicador evangélico. Fue un evidente voto en contra del sistema, parecido a lo que sucedió con Serrano Elías.

Otto Pérez Molina debe ahora encajarse en su actual papel de participante en un juicio en calidad de acusado. Ayer, obviamente molesto por la decisión del juez, dio declaraciones a la prensa que podrían posteriormente causarle problemas, y por esa razón sus mismos abogados le pidieron que guardara silencio. A partir de la semana pasada, cuando se entregó a la justicia, comenzó un proceso que permitirá demostrar a todos los guatemaltecos cómo en realidad funciona esta en el país.