La decisión se tomó en medio de una crisis institucional que tocó a funcionarios de alto nivel del Estado, señalados de participar en la red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Por ese caso ya renunciaron a sus cargos la vicepresidenta Roxana Baldetti, en mayo, y el presidente Otto Pérez Molina, el pasado 2 de septiembre.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), y Ricardo Barrientos, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), confirmaron que estas instituciones se reunirán con los evaluadores de Moody’s, quienes también han programado sesiones con otras organizaciones y el Gobierno.
El presidente en funciones del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, informó que una misión del Fondo Monetario Internacional vendrá en octubre para una revisión previa a la evaluación del capítulo cuarto, que se refiere a examinar la situación financiera, fiscal, macroeconómica y del sistema financiero.
En el primer trimestre del 2016 otra delegación del FMI evaluará al país y se reunirá con el nuevo presidente.
Zapata explicó que se trata de una visita normal. Coincide con Barrientos respecto de las expectativas de que no se baje la nota, sino que se mantenga igual o se mejore.
“Con que no baje la calificación sería suficiente, creo que el país ha demostrado en el ámbito político que la ciudadanía está empoderada y es un gran avance para el fortalecimiento de la institucionalidad”, apuntó el ejecutivo de Fundesa. Aseguró que se debe mantener la disciplina fiscal y aumentar la recaudación tributaria, tras agregar que las condiciones macroeconómicas siguen siendo positivas.
Barrientos expuso que han identificado puntos críticos en el proyecto de presupuesto 2016, como déficit fiscal y cierre de ventanillas para préstamos extranjeros, debido a la crisis que se ha vivido.
Según Barrientos, además de la crisis en la SAT, no se ve una agenda que pueda ser creíble en temas de transparencia y combate de la corrupción en las propuestas del plan de gobierno de los partidos con posibilidades de ganar la Presidencia.
Sin embargo, cree que la calificación puede mejorar por la aplicación de la justicia en los casos recientes de corrupción en el Estado y las elecciones pacíficas.
