La decisión parlamentaria se adoptó por 71 votos a favor -incluso con votos oficialistas- diez en contra y dos abstenciones. Para los manifestantes de Loreto, la intervención de Petroperú garantiza una adecuada administración de los recursos naturales en favor de la empobrecida región, y el respeto al medio ambiente.
“Esperamos que con esta iniciativa podamos solucionar los problemas de las comunidades indígenas, cuyo desarrollo quedó trunco porque el Ministerio de Energía y Minas suspendió la consulta previa” que exigen los convenios internacionales antes de explotar recursos naturales en sus territorios, sostuvo la legisladora opositora Verónika Mendoza.
La norma aún debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, que tiene facultad de hacer observaciones. “Invocamos al presidente de la República que ratifique este acuerdo del Pleno, que es histórico”, dijo Fernando Meléndez, gobernador regional de Loreto, territorio con 28 pueblos indígenas que celebraron la decisión en plazas públicas.
En Perú, la actividad minera y de hidrocarburos es clave para el desarrollo de su economía, afectada por una desaceleración debido a la caída mundial del precio de las materias primas.
Mala señal
La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, advirtió que romper el contrato con la filial peruana de la canadiense Pacific Exploration & Production Corporation, “es inconstitucional, es un pésimo mensaje internacional (…) genera graves consecuencias respecto al clima de inversiones en el Perú y cuestiona la seguridad jurídica”.
Según el gobierno, Petroperú, que actualmente se dedica a la refinación y comercialización de combustible, no está en condiciones financieras para explotar ese lote. Es más, estaba obligado por ley a dedicar todos sus recursos a la modernización de una refinería clave. El Congreso mantuvo esa disposición, pero además lo facultó a convocar a socios estratégicos.
“Los candidatos que están en carrera han tomado una decisión política en una empresa del Estado, más allá de la decisión lógica, de que Petroperú no puede hacer este trabajo”, dijo el presidente del gremio empresarial privado, Confiep, Martín Pérez, al recordar que Perú está ad portas de un proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias.
Contrato firmado
Desde el 30 de agosto, el gobierno ya había autorizado a Pacific para que opere el lote en reemplazo de la argentina Pluspetrol, cuya concesión terminó tras 15 años, según lo programado, aunque en medio de reclamos de compensación por daños ambientales por parte de las comunidades nativas.
“El gobierno convocó a esta empresa canadiense porque el proceso de licitación del lote se había declarado desierto. Era sólo por dos años. En ese período Petroperú podría haberse preparado mejor (…) Es una pésima señal”, manifestó la legisladora social cristiana Lourdes Alcorta.
El Congreso había incluso respaldado la decisión gubernamental. Sin embargo, la presión de la población loretana que salió a las calles bloqueando vías y quemando vehículos, obligó a algunos legisladores a reconsiderar esa decisión.
El presidente de la República, Ollanta Humala, inició el 28 de julio su último año de gobierno sin mayoría en el Congreso, debilitado, con baja popularidad y acosado por una serie de protestas contra la industria de extracción de recursos naturales. Según la Defensoría del Pueblo, a julio se contabilizaban 209 conflictos sociales en el país, 66% de ellos socioambientales.
