Pero este año, el instituto espera que las detenciones en la frontera sur de México se eleven a 173.000, y que en Estados Unidos bajen a 110.000, revirtiendo la tendencia existente desde 2012.
El cambio se originó en la emergencia declarada por Washington el año pasado por la llegada masiva de menores indocumentados no acompañados provenientes de Centro América. Bajo presión de Washington, México reforzó sus controles fronterizos y aumentó la vigilancia de las rutas clandestinas.
“México está ahora aprehendiendo a algunas personas que de otra manera antes hubiesen llegado a Estados Unidos” , dijo Rodrigo Domínguez Villegas, coautor del estudio.
Pero más allá de las aritméticas entre los dos países, para los autores del estudio las cifras de detenciones también sugieren una leve disminución en el flujo de migrantes centroamericanos.
Pero en cada uno de los tres países la situación es diferente.
Por ejemplo, el MPI prevé que Estados Unidos detendr�� en 2015 a 65.000 menos hondureños que en 2014, pero no todos esos quedarán varados en el vecino país al sur: las detenciones de hondureños en México solo deberán aumentar en 17.000 este año, estima el instituto.
El patrón será similar en El Salvador, pero no en Guatemala, según los expertos.
“Parece que la migración de hondureños y salvadoreños se ha desacelerado, mientras que el flujo de guatemaltecos parece que ha cambiado poco” , señaló Domínguez Villegas.
El estudio también echa luces sobre las condiciones socioecónomicas de los migrantes centroamericanos, forzados a emprender un largo y peligroso viaje para intentar huir de la violencia y la pobreza de sus países.
En su mayoría, el migrante adulto es un hombre joven sin estudios superiores. Entre los menores, la gran mayoría son también varones.
La gran mayoría (61%) de los deportados por Estados Unidos y México no tienen registros criminales, pero el 21% con antecedentes por crímenes violentos o narcotráfico representan unas 95.000 personas.
“La recepción de grandes números de personas con antecedentes criminales presenta una presión importante para los sistemas judiciales y las sociedades” de Centroamérica, alertó el MPI.
