Con todo y las críticas por la tardanza en la resolución de varios casos que impactan al proceso electoral en el país, la Corte de Constitucionalidad (CC) anunció que esta semana, casi a un mes de las elecciones, emitirá los fallos correspondientes, los cuales van antecedidos por las arengas de sendos partidarios y las objeciones de los detractores en cada caso.

Es normal este contraste de reacciones ante asuntos que marcan el rumbo de aspirantes a la Presidencia, inscritos o no, cuyas candidaturas han sido denegadas, impugnadas o cuestionadas bajo diversas circunstancias. De hecho, es la existencia de estos conflictos legales lo que motivó acciones que confluyeron, con la ruta normal de pleno Derecho, en el máximo tribunal del país.

La expectativa es enorme, puesto que de estas decisiones, ya sea unánimes o divididas, depende la viabilidad o no de cada una de estos candidatos, pero es necesario dejar bien sentado que sea cual sea el fallo, debe ser escuchado, acatado y respetado, con todo y las implicaciones que conlleve.

Hace tan solo unos meses, la persona que actualmente ostenta el cargo de presidente, cuya primera misión es respetar la ley y hacer que se respete, se expresaba de una forma ambigua respecto de la obediencia de las órdenes emanadas por la Corte de Constitucionalidad, insinuando que no obedecería supuestas órdenes ilegales. El motivo de la controversia no era lo más importante, sino el mensaje de relativismo contenido en aquellas afirmaciones imprudentes. Exceptuando el tema electoral, la legalidad no depende de lo que le guste a una autoridad o a una mayoría, sino de lo que marca la ley.

Desde su creación, la Corte de Constitucionalidad ha sido garante de la institucionalidad del país; a pesar de diversos intentos por minarla o por infiltrar en ella a juristas de dudosa filiación, ha permanecido firme en medio de los avatares de la delgada línea entre política y justicia. Ciertamente han existido sentencias polémicas, pero invariablemente ha prevalecido el respeto a las mismas, lo cual también confiere un mérito especial a las partes que no han sido favorecidas pero que acataron lo resuelto en atención a la necesidad de mantener en alto la vigencia de este tribunal, apodado con sorna, en alusión a sus siglas, la “corte celestial”.

Nunca faltan grupúsculos que se arrogan representaciones ajenas o que solo buscan la prevalencia de intereses sectarios. De ellos han surgido iniciativas de ley que pretenden convertir a la CC en un mero órgano consultivo supeditado a la Corte Suprema de Justicia, cuya integración ha sido señalada de entrañar negociaciones politiqueras ligadas a diputados y operadores oscuros.

La CC no está exenta de críticas, por el tiempo que se toma para resolver determinados casos, por su mecanismo de integración o incluso por la formulación críptica de algunos fallos, pero con todo y eso es el organismo que mejor defendió la democracia en el autogolpe de 1993, cometido por un aprendiz de dictador que se vio frenado por la valiente postura de los magistrados que se negaron a tal tropelía. Hoy estamos de nuevo en un momento crucial, a punto de elegir un nuevo Ejecutivo y un nuevo Congreso, con la esperanza de superar las decepciones actuales. Los fallos serán celebrados o lamentados, pero el proceso democrático debe continuar y en ello es clave que la ciudadanía respalde lo que la CC decida como ancla y cúspide del sistema jurídico nacional.