Contra todos los pronósticos, el Congreso de la República, por unanimidad de los diputados asistentes, decidió ayer retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, en un hecho sin precedentes que fue aplaudido por numerosos sectores nacionales y que resulta ser un paso en el debido proceso al cual el mandatario prometió someterse en su intervención del lunes al mediodía. Pocas horas después, el mandatario fue arraigado.

Lo decidido por los 132 diputados de todas las bancadas y por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como por el juez Miguel Ángel Gálvez, hace que deba continuar el largo camino legal que espera al mandatario hasta ser declarado culpable o inocente, lo que ocurrirá luego de un proceso cuya longitud en el tiempo resulta imposible de predecir, pero que tiene visos de ser muy corta.

Se trata de una decisión que hace apenas cuatro meses hubiera sido considerada imposible. Quedó prácticamente rota la alianza existente entre los partidos Patriota y Líder, que a juicio de las actitudes de este en las últimas semanas incluía parar el proceso iniciado por las serias acusaciones presentadas por el MP y la Cicig.

Durante la mañana se registró un suceso de los que solo pueden ocurrir en la Guatemala de estos días. Temprano en la mañana, un grupo de sindicalistas afines al Gobierno decidieron impedir la entrada de los diputados al hemiciclo, con el evidente fin de que no se realizara la sesión. Sin embargo, ciudadanos de otros grupos se dirigieron al lugar y formaron una valla para permitir que los parlamentarios ingresaran. La sesión fue breve, y a las 16 horas se llevó a cabo la votación, con los resultados conocidos de inmediato, tanto dentro como fuera del país.

Lo ocurrido vino a comprobar también la debilidad del evidente pacto presidencial con el candidato liderista, quien, con la decisión de enviar a unos cuantos de sus diputados, quiso darle legitimidad a su actitud, como una clarísima forma de detener su caída en las intenciones de voto. Es claro que todos los parlamentarios actuaron como lo hicieron porque querían beneficiarse políticamente en las elecciones. Sin embargo, la suspicacia de los guatemaltecos los hace comprender que tal medida es la excepción, no la regla, pues en el Congreso es donde constantemente y durante muchos años han ocurrido acciones que van desde lo ilegal a lo vergonzoso.

Es importante señalar, además, que lo ocurrido ayer, si bien es histórico, no necesariamente significa una condena legal, la cual debe ser motivo de largos y difíciles procesos, que pueden ser burlados, exitosos o simplemente frustrantes para el ánimo de la población. A cuatro días de las elecciones, este hecho podría implicar mayor presencia de votantes, como símbolo de confianza en el sistema, lo que no necesariamente quiere decir apoyo a los contendientes cuestionados. Lo más importante ahora es que sea mantenida la calma y el civismo del que los guatemaltecos han hecho gala desde cuando comenzaron las manifestaciones frente al Palacio Nacional de la Cultura.