Luego de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) remitió la investigación a la PGN se hizo un análisis detallado del convenio, firmado por 25 años, y se determinó que debe ser anulado, por existir anomalías en su adjudicación.
María Eugenia Villagrán, titular de la Procuraduría, manifestó que el informe fue enviado ayer a la Secretaría General de la Presidencia, y en él se hizo la petición de nulidad al mandatario.
“De acuerdo a su mandato legal, la PGN recomienda al señor presidente de Guatemala que se declare nulo de pleno derecho el contrato en mención, debido a que presenta ilegalidades y procedimientos erróneos”, publicó esa entidad.
“Se traslada a la Presidencia de la República y queda a la espera de las instrucciones, de acuerdo a lo que marca la ley, para iniciar acciones para plantear la demanda de nulidad del contrato”, indica la publicación oficial.
No estaba facultado
Villagrán explicó que la PGN hizo un análisis jurídico del contrato y se determinaron varios puntos, entre ellos que el exinterventor Allan Marroquín no estaba facultado para suscribir el convenio.
Según la procuradora, el objetivo principal de una intervención es prestar esencial servicio a la comunidad para que continúe el servicio y debe limitarse a una adecuada administración para normalizar el funcionamiento.
“En este caso, a criterio nuestro, él no tenía facultad para autorizar el contrato, ni firmarlo”, refirió Villagrán.
Mencionó también que no se respetó la Ley de Contrataciones del Estado, pues además de un usufructo hay una concesión de un servicio público, debido a que la terminal especializada es de uso público.
“El contrato se realizó en contra de normas imperativas y prohibitivas expresas, precisamente por no haber observado la Ley de Contrataciones del Estado, el Código de Comercio y el Código Civil”, señaló.
Después de recibir el informe enviado por la PGN, el presidente Otto Pérez tiene un plazo de 15 días para dar instrucciones respecto del tema.
“Si vence el plazo y el presidente no me da instrucciones, interpondré la demanda de nulidad del contrato ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es donde se conocen las contiendas entre el Estado y empresas privadas”, explicó la procuradora.
Villagrán refirió que este caso ejemplifica claramente que la Ley Orgánica de la PGN debe ser modificada, pues debería ser obligatorio pedir el visto bueno de la PGN antes de celebrar contratos y no después de firmarlos.
Lesividad no prospera
El contrato de usufructo oneroso entre EPQ y TCQ se firmó el 11 de julio del 2012. Según la jefa de la PGN, la lesividad fue conocida en Consejo de Ministros ese mismo año, pero no prosperó. Debido a ello, ahora no puede solicitarse la lesividad, sino la nulidad.
El convenio consiste en la ampliación del Puerto Quetzal, en Escuintla. En el mismo se determina que TCQ construirá y operará por 25 años una terminal especializada de mercancía que tiene un área de 348 mil 171.81 metros cuadrados.
En agosto del 2012, el español Ángel Pérez Maura, presidente de TCQ, aseguró que la primera fase estaría lista antes de finales del 2015 y que consistía en dos grúas que debían ser instaladas en un plazo de 14 meses.
Esa fase también incluía 350 metros de línea de atraque y dos hectáreas de superficie para manejar 400 mil contenedores al año. En ese entonces Pérez Maura calculó la inversión de esta fase en US$177 millones, unos Q889 millones.
Sin embargo, Javier Reyes, del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal (Stopq), expresó ayer que actualmente la construcción no ha sido terminada, por lo que las instalaciones no están en funcionamiento.
“Ellos todavía están en un proceso de construcción. No han terminado las instalaciones. Considero que han fallado en el cumplimiento de los tiempos establecidos en la escritura pública”, afirmó.
Expuso que el Sindicato se opuso al contrato desde el principio y sigue opuesto. “Creemos prudente que se declare lesividad y nulidad. Las instalaciones se entregaron seis meses después, así que todavía se puede pedir la lesividad”, explicó.
