Los diputados deben revisar, discutir, enmendar y aprobar en tres lecturas la iniciativa centrada en la construcción de la autopista que contará con cobro de peaje para los automovilistas. La obra de 41 kilómetros deberá contar con distribuidores viales y sus conexiones.
El monto oscila desde Q600 millones hasta Q700 millones, pero podría elevarse por el daño que tiene la infraestructura de la autopista actual donde es necesaria la reconstrucción y el mantenimiento.
El retraso
Desde el año pasado, la iniciativa está en la Comisión de Comunicaciones donde se debe discutir el dictamen respectivo. En el proceso de licitación participaron tres firmas y el contrato fue asignado a la empresa Consorcio Autopistas de Guatemala por haber presentado la mejor oferta, se informó.
El miércoles último, la Comisión recibió el aval de una prórroga relacionada a entregar el dictamen de la iniciativa con 34 votos a favor.
El diputado Óscar Fernández (Todos), quien solicitó la prórroga, informó que “es un contrato millonario y debe ser transparente”.
El legislador recordó que cada sala de trabajo tiene 45 días hábiles para elaborar el dictamen según lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Esto significa que la Comisión informará al pleno después del evento electoral el 16 de junio próximo lo relacionado al dictamen de la iniciativa.
Postura
La empresa Convía, a través del ingeniero René Muñoz, director de asuntos corporativos, informó que cuentan con todas las especificaciones técnicas.
“Lo que vamos a hacer nosotros es donde está hoy la carretera, quebramos todo y lo volvemos a hacer de nuevo. Bueno, no tenemos que quebrarlo, porque quebrado ya está”, ironizó Muñoz en relación a las malas condiciones en que está la autopista, que incluso ha provocado accidentes viales. “La autopista la mantendremos durante 25 años en las mejores condiciones”, agregó.
“Nuestra teoría es que los diputados pidieron esos 45 días porque ya se pasaron todo ese tiempo desde octubre del año pasado. Tienen que dictaminar, ya sea positiva, que es lo que nosotros queremos, o pueden hacerlo de forma negativa, pero tienen que tener un sustento legal que les autoriza el Estado para entregar la respuesta un poco después. La buena señal es que ya lo pidieron, y por ende, ya pusieron los ojos para enfocarse sobre este proyecto”, explicó Muñoz.
Empresarios y autoridades avalan contrato
El pasado 6 de marzo empresarios y funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) urgieron al Congreso avanzar en un dictamen favorable. Fue la primera vez que los sectores se pronunciaron en conjunto para demandar el seguimiento del proyecto relacionado con la infraestructura vial.
La principal fuente de ingresos del proyecto será el cobro de peaje a los usuarios. Se cobrará la tarifa base de Q15 por vehículo liviano de un eje, valor que ya incluye el impuesto al valor agregado (IVA).
El valor del peaje se multiplicará por el número de ejes de los vehículos o unidades.
El contrato es por 25 años, de estos tres serán para la construcción y rehabilitación de la vía, y 22 para operarla. Se prevé que empiece a operar en el 2022, en caso de que el proyecto sea aprobado en el Legislativo.
