Durante toda esta crisis muchos hemos insistido en que hay una diferencia entre legalidad y legitimidad, pues de hecho, algunas democracias han mantenido la legalidad pero han perdido la legitimidad, al haberse distanciado de la población. Esta crisis la están sufriendo algunas democracias en el mundo.

En nuestro caso, nos queda claro que el gobierno de Pérez y Baldetti no solo perdió la legitimidad por sus actitudes ofensivas contra el pueblo de Guatemala, sino que hoy, además, pierden la legalidad por los actos de corrupción de todos estos años, aprovechándose de la inmunidad que les da su cargo, todo esto hasta que por la profesional y acertada acción de la Cicig y el MP se ha podido iniciar proceso penal contra Baldetti y proceso de antejuicio contra Otto Pérez, que suponemos terminará también en proceso penal.

Sin embargo, el mismo criterio es aplicable a muchos de los diputados que aprovechando su inmunidad han cometido actos de corrupción y también se han distanciado del sentir de la población, por lo que han perdido toda representatividad. El caso más claro se ve en la demanda a las reformas a la LEPP y que pretenden ignorar para mantener las condiciones de impunidad que les permite hacer lo que quieran.

Hoy este Congreso se encuentra frente a un nuevo desafío legal: el proceso de antejuicio contra Otto Pérez, ya aceptado por unanimidad por la CSJ y que dependerá del voto de dos terceras partes del pleno. Los diputados que se opongan a tramitar el antejuicio o que pretendan simplemente no asistir a las sesiones quedarán identificados como cómplices de la corrupción de este gobierno y en su momento también deberán ser procesados.

En estas condiciones, bien vale la pena preguntarse de qué tipo de proceso electoral hablamos, pues el orden legal constitucional ha sido roto por el mismo presidente y vicepresidenta de la República. Ocho de sus ministros de Gabinete han renunciado y sus operadores políticos tratan de movilizar a los movimientos sociales cooptados por este Gobierno para confundir a la opinión pública y generar así desorden y/o violencia.

De igual manera varios candidatos de otros partidos políticos han sido señalados de corrupción o actos ilegales por la Cicig y el MP, y hoy pretenden reelegirse, lo que significa una burla para la población. En estas condiciones, ¿qué tipo de elecciones se proponen para el país?

Esperamos que las futuras movilizaciones sigan siendo pacíficas y que se dirijan hacia el Congreso, demandando el voto de aprobación del antejuicio contra Pérez y la aprobación a las reformas a la LEPP antes de llegar a las elecciones, para devolverle al proceso la legitimidad

También es importante que todos los sectores del pueblo digno de Guatemala nos propongamos el fortalecimiento de un movimiento nacional político, amplio y transparente que pueda registrarse como partido y competir por la administración del poder político en el país.

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