“En estas condiciones no queremos elecciones”, reza una consigna de las manifestaciones de los sábados, que para los letrados significa impedir la alternabilidad del poder y romper el orden constitucional, causa de delito. En ese orden de ideas sabemos que Otto Pérez, Roxana Baldetti y los bandidos nombrados funcionarios públicos, en lugar de gobernar robaron desde el momento que ocuparon sus cargos. En este momento, el sacrosanto orden constitucional fue violentado, por lo que ya no hay nada nuevo que romper.

Con la firma de los acuerdos de paz en 1996 terminó la guerra que duró 36 años y se consolidaron los gobiernos democráticamente electos después del golpe militar de 1982 que jóvenes oficiales dieron al fraude electoral, mediante el que se pretendía perpetuar el cambio de estafeta entre militares, quienes, en fila, esperaban su turno.

Fueron 36 años trágicos que impidieron que el país caminara a ninguna parte, como no fuera para atrás en muchos órdenes de la vida. Se asesinó y desapareció a líderes de toda índole, estudiantes que reclamaban cualquier mejora, profesionales y librepensadores. Eso produjo una sociedad castrada políticamente hablando, en la que el ciudadano optó por no saber nada de nada y dejó hacer su antojo a la clase política con la cosa pública. De ahí que a raíz de la corrupción sacada a la luz pública por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala resurgió en la población la necesidad de manifestar su repudio. En la primera manifestación del 25Ab2015, cuando la Plaza Mayor de Guatemala se llenó con unos 50 mil ciudadanos, proliferaron las consignas entre las que destacó: “Nos quitaron tanto, que acabaron quitándonos el miedo”, verdad que dio pie para que la indignación creciera y durante 18 sábados consecutivos se exija la renuncia del presidente, diputados y magistrados.

Dentro del marco de legalidad, la actual crisis es política y puede corregirse con la alternabilidad en el poder. Sin embargo, la falla de nuestro sistema es que no genera partidos políticos estables, con ideología, sino tramitadores de candidaturas. Entonces, para el ciudadano que protesta sábado a sábado, la pregunta es cómo conciliar una cosa con otra. Si bien es cierto, la ley debe ser respetada, tiene que haber una salida legal a una situación ilegítima como la que vivimos; para eso los eruditos deben ofrecer soluciones legales a hechos políticos.

Las manifestaciones han mantenido cordura y firmeza en la demanda por que el presidente, diputados y magistrados renuncien. Pero su falta de raciocinio y un dejo de dignidad ponen en evidencia incapacidad para entender el lenguaje empleado. Si hubieran sido hostiles, sin duda su reacción habría sido otra.

Está claro que el pueblo rechaza la violencia, pues 36 años fueron más que suficientes. Pero llegar a votar sin oportunidad de poder elegir nos llevará a una situación crítica que debió resolverse meses atrás, aunque sea alterando el estado de las cosas. Peor será tener que seguir oponiéndonos, por las mismas razones, a quien en mala hora salga electo en este ilegítimo proceso.

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