“Lamentablemente en Guatemala hay antecedentes de figuras públicas que de manera indebida utilizan a su favor leyes destinadas para otros fines con el objetivo de amordazar a los medios de comunicación que investigan y denuncian u opinan sobre la corrupción en la administración pública”, expuso la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, según un comunicado de la organización.
En tanto que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, consideró que Torres “utiliza la ley para censurar las críticas que no tolera y de paso se ignora lo que establecen la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento”.
Rock, quien además es director del portal de noticias La Silla Rota, de México, precisó que “decisiones como estas limitan la labor del ejercicio periodístico y pretenden la autocensura, justo en procesos electorales cuando se requiere mayor transparencia para que los ciudadanos pueden tener la información necesaria para tomar decisiones o elegir a conciencia”.
La SIP recordó que en el proceso electoral de 2015 Torres firmó la Declaración de Chapultepec junto a otros candidatos presidenciales, cuyo principal precepto es que ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa.
“Acción terrible”
En Guatemala, la Cámara de Medios expuso que la denuncia, en principio rechazada por una jueza de primera instancia y luego avalada por los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones, es “espuria y puede dañar seriamente la libertad de expresión”.
Mario Alejandro Sandoval, vicepresidente de la Cámara, consideró que la resolución a favor de Torres por parte de la Sala es una “acción terrible” para la democracia, y más para la guatemalteca que aún es débil y está lastimada.
El artículo 35 de la Constitución en el párrafo segundo estipula: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas, ataques o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de ellas, aun y cuando hubieren cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.
Lamentó que, con esa acción legal, la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) abuse de la Ley de Femicidio con fines políticos, y afirmó que de esa forma se pone en riesgo a las mujeres que en realidad han sido afectadas por agresiones.
“Ella es una candidata y personaje público a quien se le puede criticar por sus acciones, por lo que hace o deja de hacer, no veo yo en donde es un acoso o una agresión relacionada con la Ley de Femicidio”, apuntó Sandoval.
Precisó que la resolución de la Sala Segunda viola el derecho de la población a estar informada. Además, al igual que el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, cuestionó si Torres hará lo mismo contra cualquiera que opine en su contra lo cual sería “absolutamente lamentable para la democracia”.
“Si ella llegase al poder y continúa con esas prácticas… Sería nefasto para el país un presidente que no respete la libertad de expresión y que utilice leyes creadas con otros fines para limitar esa libertad”, concluyó Sandoval.
Evidencias desconocimiento
En tanto el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, lamentó la resolución judicial de la Sala Segunda y afirmó que con la misma se evidencia “el desconocimiento del derecho humano a la libertad de expresión, consagrado claramente en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 35”.
#ComunicadoPDH | El @PDHgt @JordanRodas ante la resolución emitida por la Sala Segunda de Apelaciones que intenta restringir la libertad de emisión del pensamiento de @el_Periodico hace un llamado para que se respete la libertad de expresión y de prensa pic.twitter.com/o1i4ufbGut
— PDH Guatemala (@PDHgt) May 10, 2019
“Es lamentable que el órgano jurisdiccional ignore e irrespete un precepto de vital importancia para la democracia en cualquier país”, enfatizó Rodas.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo también condenó “enérgicamente” el intento de Sandra Torres de “manipular una ley noble con el ilegítimo objetivo de intentar acallar y censurar a la prensa nacional”.
Recordó que todas las posibles faltas que se cometan en el ejercicio de la profesión periodística deben ser dirimidos en un tribunal de imprenta como lo indica la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.
El rechazo por el intento de censura a elPeriódico trascendió fronteras; por ejemplo, Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó el hecho de “grave” y recordó que la censura está prohibida en el artículo 13 de la Convención.
“No se puede desnaturalizar normas para prevenir violencia basada en género para suprimir el derecho a la libertad de expresión. Prohibir a un medio informar y criticar a una candidata es una forma de censura que afecta también el derecho de la sociedad a informarse”, escribió Lanza en su cuenta de Twitter.
Periodistas se pronuncian
A los pronunciamientos se sumaron los de destacados periodistas que cuentan con años de trayectoria. Todos coinciden en el repudio a la censura que se pretende imponer a elPeriódico.
Grave #Guatemala: tribunal ampara a candidata @SandraTorresGUA para que @el_Periodico no publique más sobre ella, basado en ley c/violencia de género
👉🏼Censura previa está prohibida por a. 13 Convención. Candidatas/os sometidos a mayor escrutinio y crítica; y a un debate robusto pic.twitter.com/MXpXZoqXln— Edison Lanza (@EdisonLanza) May 10, 2019
Mario Antonio Sandoval, expresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), consideró la acción legal de Torres como “una burda burla a la ley”, y afirmó que “los magistrados culpables” deberían ser juzgados.
“Es una ley mordaza disfrazada y eterna porque, como consecuencia de esto, cualquier mujer política va a utilizar ese pretexto para acallar a todo el mundo”, subrayó Sandoval, quien también aseguró que la denuncia de Torres contra elPeriódico es “antifemenina” porque afecta a las víctimas reales de la violencia intrafamiliar.
Según Sandoval, desde el punto de vista político, esta acción de la candidata presidencial de la UNE “la retrata como es, una persona antidemocrática que no admite la crítica”, y añadió que “no puede haber democracia si no existe la crítica en general y en especial a los funcionarios públicos”.
“Es un paso dictatorial por excelencia. Ella con esto anuncia su dictadura”, precisó el expresidente de la APG para quien la Ley de Emisión del Pensamiento es bastante completa y ya contempla mecanismos de protección por posibles “cosas mal hechas” por parte de la prensa.
Gonzalo Marroquín, expresidente de la SIP, criticó la actitud de Torres a quien calificó como alguien que siempre ha sido “anti libertad de prensa, anti libertad de expresión del pensamiento y una persona intolerante y autoritaria”.
“Lo que demuestra con estas actitudes es su enorme poder y control sobre el sistema de justicia, porque cualquier abogado sabría que lo que ella está haciendo excede a lo que dice la Constitución”, expuso Marroquín.
Marroquín enfatizó en que el futuro de la libertad de prensa en Guatemala estaría en peligro si la candidata de la UNE llegara a gobernar, porque “ella aduciría que por ser una mujer gobernante nadie la puede criticar”, y sería una excusa para reprimir a la prensa y acosar a los medios de comunicación.
Para Luis Morales Chúa, miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la APG, la restricción a la libertad de expresión es uno de los “más fieros ataques a los derechos humanos de los guatemaltecos”.
“La idea de que un candidato presidencial no puede ser mencionado, criticado o censurado en los medios de comunicación social riñe con los más altos pilares del estado de Derecho”, precisó Morales Chúa.
El periodista, quien también formó parte de la Comisión de Juristas de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, aseveró que cuando un candidato recibe el beneficio de inmunidad voluntariamente acepta que sus actos y condiciones sean equiparados a los del funcionario público, por lo cual deben aceptar que los medios de comunicación examinen su comportamiento, antecedentes y toda cuestión que pueda influir en el futuro uso del poder.
“Ese escrutinio es de gran utilidad en Guatemala porque ya hemos visto que muchos políticos que triunfan en las urnas, una vez investidos de poder ser convierten en verdaderos delincuentes, como ha ocurrido con muchos de los que actualmente guardan prisión”, enfatizó Morales Chúa.
Coincidió en que los conflictos que se originen por el ejercicio de la libertad de expresión deben ser conocidos por un tribunal de imprenta si se trata de particulares, y por un tribunal de honor, si se trata de funcionarios y empleados públicos.
Alfred Kaltschmitt, columnista de prensa e integrante de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, se sumó a la condena de periodistas e instituciones al criticar la “manipulación de una ley noble que defiende a las mujeres en riesgo” para fines políticos.
Kaltschmitt añadió que con la resolución de la Sala Segunda se pone en riesgo la libre emisión del pensamiento, y coincidió en que, las denuncias contra los periodistas deben ser conocidas en tribunales de imprenta y “no por medio de imponernos bozales con este tipo de medidas” que calificó de “vergüenza”.
Torres responde
En un comunicado que difundió en sus redes sociales, la candidata afirmó que está en favor de garantizar y proteger el trabajo periodístico y garantizó su “compromiso total por defender la libertad de expresión, pero siempre en un marco de civilidad, ética y respeto a la dignidad humana”.
Sin embargo, y sin especificar nombres o casos, Torres agregó que algunas personas que “se escudan” en la libertad de expresión la han descalificado y atacado sin pruebas, y han emitido ofensas contra ella y su familia por lo que han sido víctimas de odio y violencia verbal.
Según Torres, “ser mujer en un clima de odio nos hace vulnerables”; además, añadió que aparte de ser mujer es una “madre de familia con dignidad, cuya reputación y tranquilidad han sido dañadas”, por lo cual dejó claro que respalda la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
“Un país justo e incluyente nos necesita a todos, sin odios ni fobias, siempre unidos”, concluyó el comunicado de la candidata presidencial de la UNE.
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