Tuve que cambiar varias veces la entrada de esta columna, pues se inclinaba peligrosamente hacia un lenguaje inapropiado. Espero que en este intento logre de alguna manera más serena conjugar el profundo rechazo, no solo de mi persona, sino de eminentes juristas de Guatemala —y de incontables ciudadanos que sentimos lo mismo al ver el juicio de Ríos Montt—, y por ende de todos los militares —varias décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz—, como una estrategia espuria cuyos objetivos principales son enjuiciar a militares, condenar al Estado al pago de multimillonarios resarcimientos y llevar al estrado de honor internacional al exguerrillero Frank LaRue, fundador y jefe de Caldh, la organización querellante en el juicio de los militares, siguiéndole en troupe la jueza del Tribunal de Alto Riesgo, María Eugenia Castellanos, que preside el Tribunal de Mayor Riesgo B, y la fiscal Hilda Pineda, del Ministerio Público, que lleva el caso.

Como escribí en una columna hace unas semanas, la jueza ha sido beneficiada de becas en el extranjero, de parte de Caldh y la Fundación Mack, lo cual pone en duda la imparcialidad requerida para llevar un caso como este.

En las últimas semanas esta notoria e injusta inclinación por favorecer las peticiones de los querellantes de Caldh ha sido evidente y llevada a cabo con absoluta desfachatez, al extremo de pretender ahora que, a pesar de que el propio médico de los querellantes confirmase después de 12 días de observación del paciente, bajo estrictas medidas de seguridad, la misma opinión que los médicos del Inacif concluyeran en su diagnóstico, el cual fue rechazado por el tribunal de una manera prepotente y abusiva. Posteriormente lo quisieron internar en el hospital más peligroso del mundo, según el documental de la BBC. La avalancha de críticas y el amparo dictado por un tribunal superior les obligó a acatar la ley y lo enviaron a un sanatorio privado.

Ahora, a sabiendas de que Ríos Montt está en estado de interdicto, por no estar en capacidad mental de defenderse, y viendo que la condena, los resarcimientos y las medallas se les escapan de las manos —malinterpretando la segunda parte del artículo 78 del Código Procesal Penal—, se sacan de la manga una disparatada y aberrante petición: “que ya no suba al estrado el general sino un pariente o un abogado en su nombre”. ¿Cuál será el límite de estos seudodefensores de derechos humanos?

Están obviando el artículo 76 (incapacidad). “El Trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad”. ¿Cabe aquí alguna otra interpretación que no sea que ya no es posible continuar con el juicio?

Nunca disputaron la absolución del coronel Rodríguez en el anterior juicio. Ahora deciden continuar con el juicio con tal de no perder la condena.

Agregan que las 1,700 víctimas demandan que se haga justicia. ¿Por qué no abogan por las víctimas que murieron a consecuencia de las bombas terroristas explotadas en los parques públicos; las muertes de los cientos de soldados y oficiales del Ejército caídos en batalla, y el asesinato de periodistas, entre ellos, Chilolo Zarco, uno de los fundadores de este diario?

Se insiste con plegaria pacífica, con demanda ciudadana, con el espíritu de los Acuerdos de Paz: Dejen en paz a los muertos. Volteen la página. Guarden sus ambiciones económicas y honoríficas. Dedíquense a construir la paz.

alfredkalt@gmail.com