EDITORIAL
Nuevas torpezas de los políticos
Los integrantes del partido Líder parecen estar empecinados en acrecentar la polémica, como quedó evidenciado una vez más ayer, cuando en la primera sesión ordinaria del Congreso, su jefe de bancada, Roberto Villate, lanzó un discurso que deja entrever que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala estaría en la mira de esa agrupación y que podría recibir un revés si el resto de legisladores respalda una propuesta de reformas a la Ley del Ministerio Público, que curiosamente fue presentada ayer.
Una total imprudencia que puede tener un desenlace indeseable y que no deja de abonar en el desprestigio de esa agrupación política y de quienes le acompañan en sus absurdos propósitos, pues han venido dando tumbos durante las últimas semanas y en vez de reconocer los niveles de corrupción imperantes, se han dado a la tarea de atacar precisamente a quienes han asumido el reto, como es el caso del MP y la Cicig, que se han convertido en la única defensa de un sistema que los políticos han envilecido.
El pasado miércoles, en nuestras páginas se publicaban justamente los datos de la Encuesta Libre, proporcionados por la empresa ProDatos, en los que la Cicig obtiene un 87 por ciento de aprobación a la labor que viene desempeñando en la lucha contra la impunidad y contra los altos niveles de corrupción en la administración pública. Una tarea en la que también hay que reconocer la independencia y convicción con la que ha trabajado la fiscal Thelma Aldana.
Algo que debieran considerar las más altas esferas del liderismo es que Guatemala no puede navegar a sus anchas en el concierto de las democracias cuando afronta duros retos en seguridad y corrupción, temas que son vitales para otros países con los cuales sostenemos cercanas relaciones comerciales y políticas que nos atan a decisiones bilaterales, lo que de inmediato plantea desafíos ineludibles, mucho menos si lo que se pretende es que las cosas permanezcan como hasta ahora, donde funcionarios públicos están sindicados de saquear los recursos públicos.
Guatemala no está hoy en condiciones de seguir tolerando imprudencias que redundarán en mayor daño para el país, y basta un ejemplo inmediato que trajo a colación ayer el presidente Otto Pérez Molina, cuando declaró que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo están a la expectativa de desembolsar préstamos que el país necesita y es seguro que no lo harán ante la incertidumbre prevaleciente en el proceso electoral, y antes buscarán tener claro quién asumirá la Presidencia a partir de enero.
Por ello es que se debe ser consciente del daño que la corrupción ha causado, que se cuenta por miles de millones de quetzales, pues ignorarlo solo constituye una imprudencia y una actitud temeraria, sobre todo cuando este país tiene una gran dependencia de la cooperación internacional y difícilmente pueda afrontar un reto financiero sin incurrir en un nuevo castigo hacia los contribuyentes. Por ello es que se debe ser sumamente cauteloso en aprobar reformas sacadas de la manga, aunque parezcan bienintencionadas pero que pueden cambiar en el camino.