Desde el 18 de julio de 1994, cuando se perpetró el peor atentado de la historia argentina en el seno de un tradicional barrio comercial de Buenos Aires, los familiares de las víctimas reclaman justicia.
La justicia argentina acusa a exaltos funcionarios de Irán de haber organizado el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) , y de haber encargado al grupo armado libanés Hezbolá de perpetrar el ataque, algo que Teherán siempre negó.
Pero los que estarán ahora en el banquillo no son acusados del atentado en sí, sino los inculpados de haber ocultado pruebas y desviado la investigación.
Entre otros delitos se les imputa violación de medios de prueba, falsedad ideológica, encubrimiento, abuso de autoridad y peculado y, en algunos casos, coacción a testigos, privación abusiva de la libertad y prevaricato (por resolver en base a pruebas adulteradas) .
Este es el segundo juicio por la causa AMIA luego de que en 2004 otro proceso fuera anulado por un tribunal que absolvió a todos los acusados argentinos de proveer el apoyo logístico.
Entre ellos estaba Carlos Telleldín, un vendedor de autos robados acusado de haber proporcionado la camioneta que repleta de explosivos hizo volar el edificio, causa por la que volvió a ser procesado en 2014.
Telleldín, quien ya había purgado 10 años de cárcel preventiva, estará nuevamente en el banquillo acusado de haber cobrado una coima de 400 mil dólares para inculpar falsamente a una decena de policías, también absueltos en 2004.
El exjuez federal Juan José Galeano, quien estuvo a cargo de la investigación desde el primer momento, está acusado de pagar los 400 mil dólares a Telleldín, episodio que quedó grabado.
Galeano justificó ese pago ilegal al considerarlo imprescindible para esclarecer el atentado.
Entre los acusados estarán también dos ex comisarios acusados de haber perdido centenares de horas de escuchas telefónicas, dos exfiscales, e incluso Ruben Beraja, quien era presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en los 90.
Menem está acusado de haber recomendado al juez de abandonar la llamada pista siria, que involucraba al ciudadano de ese origen Alberto Kanoore Edul. Las familias de ambos, inmigrantes de Siria, mantenían vínculos entre sí.
La hipótesis siria supone una supuesta venganza del entonces presidente de Siria Hafez El-Assad, a quien Menem negó proveerle material militar bajo presión de Estados Unidos, pese a sus promesas preelectorales cuando recibió un importante aporte financiero para su campaña.
Además de las pistas iraní y siria, otra línea nunca investigada apuntó a un grupo argentino de extrema derecha.
Sobre el expresidente ya pesa una condena a siete años de prisión por contrabando de armas a Croacia y a Ecuador entre 1991 y 1995, pero solo se hará efectiva si se le quitan sus fueros de senador.
Maraña de causas
Tres asociaciones de familiares de las víctimas, enfrentadas a la dirigencia judía, y los policías falsamente acusados, se constituyeron en querellantes (parte civil) en el juicio.
Diana Malamud, dirigente de Memoria Activa que agrupa a familiares de víctimas de la AMIA, y viuda por el atentado, dijo el miércoles que esperan “condenas ejemplares y de cárcel efectiva para todos los acusados de encubrimiento” .
Los acusados “son los responsables de que hoy no tengamos tengamos verdad y justicia. Es un daño cuasi irreparable por todas las irregularidades que hicieron con las pruebas que se habían logrado reunir” , aseveró en rueda de prensa.
Está previsto que unos 140 testigos desfilen durante este juicio, cuyo inicio se demoró tres años desde que finalizó la instrucción, iniciada en el 2000 y por la que pasaron dos jueces, uno de ellos desplazado por demorar la causa.
A pedido de Memoria Activa, Paulo Vannuchi, veedor internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estará presente el jueves.
La cuestión AMIA resurgió dramáticamente en enero pasado cuando el fiscal de la causa desde 2004 fue hallado muerto en su departamento, en un hecho aún no esclarecido.
Nisman había acusado a la presidenta Cristina Kirchner de tratar de encubrir a los iraníes acusados por el atentado, al firmar en 2013 un memorandum entre Buenos Aires y Teherán para poder interrogar a los inculpados en Irán.
La denuncia de Nisman fue rechazada en tres instancias judiciales por inexistencia del delito.
