¿Qué hacen los soldados patrullando nuestras calles cuando la seguridad ciudadana le compete a la Policía? ¿Qué hacen los soldados pateando a adolescentes desarmados hasta hacerlos vomitar sangre solo porque salieron huyendo cuando los vieron? ¿Acaso no hay una ley de protección integral de niñez y adolescencia en el país que establece que los adolescentes en conflicto con la ley deben enfrentar el sistema legal del país, no las torturas de los soldados? ¿Qué hace el Ejército caminando por las calles si no estamos en guerra y su función es la defensa de la soberanía?

Luego de que un video fuera viralizado en las redes sociales, la noticia se publicó en distintos medios de comunicación. El Ejército no lo negó, y más bien identificó a los militares que allí aparecen vapuleando a dos menores, hecho sucedido el 26 de julio en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango. Por el hecho, y según el vocero del Ministerio de la Defensa (Mindef), fueron denunciados tres militares a las autoridades correspondientes. Todos pertenecen a la brigada Mariscal Zavala, zona 17, pero dijeron que desde hace algunos meses estaban destacados allí.

Si los jóvenes habían delinquido, lo correspondiente habría sido ponerlos a disposición de la justicia. Pero hay que irse más atrás, a un gobierno como el Patriota, que remilitarizó al país, y con ello no solo no logró disminuir la inseguridad ciudadana, sino que nos volvió a poner cara a cara con los mecanismos de terror del pasado y los abusos del poder militar. Durante este gobierno más de 50 cargos de alto nivel estuvieron en manos de militares o militares retirados, lo cual no solo contradijo los acuerdos de paz, sino que puso al frente de las grandes decisiones del Estado una lógica cuyos resultados están a la vista.

Tal como señala un comunicado de organizaciones sociales que se manifestaron contra este hecho, “Durante los últimos años los efectivos militares han alcanzado la cifra de 4,084 efectivos para tareas de seguridad ciudadana de un total de 22,326 efectivos militares en total. Por su parte, la Policía Nacional Civil se ha visto debilitada, porque a pesar del aumento en efectivos, su infraestructura es débil. Del total del presupuesto del Ministerio de la Defensa, aproximadamente, un 10% está asignado al programa denominado Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio, es decir Q203,139.628.00, del cual llevan ejecutados a la fecha (03/08/2015) 76.39%. Dentro de este Programa, está el rubro de Defensa Civil, que solo en personal temporal —a los soldados que hacen patrullas se les paga como 029 para evitar que aparezcan dentro de las fuerzas regulares— gasta Q97,815,806. A la fecha lleva una ejecución del 87.39%, lo que indica que requerirá más fondos o bien el recorte de personal”.

Si hay un negocio rentable, ese es el de la “paz”. Cada guerra (y cada conflicto de baja intensidad, si insistimos en usar eufemismos) se produce en nombre de la libertad, la democracia o de todo lo contrario, pero aquí la guerra la ha sostenido el Estado contra buena parte del 70% de su población, que es menor de 29 años, y ha carecido de educación, salud, seguridad, alimento y ternura. Tremenda deuda histórica. Más grande que la que se debe a los financistas de campaña.

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