La distinción entre lo público y lo privado puede ser confusa, como resaltan Heyne, Boettke y Prychitko (2006) en The Economic Way of Thinking, que se traduce literalmente como La manera económica de pensar o El razonamiento económico. Los autores explican que la mayoría de razonamientos empleados para contrastar el sistema de mercado y el gobierno, no soportan el escrutinio cuidadoso.

Usualmente se identifica al mercado como “el sector privado” y al gobierno como el “sector público”. ¿Qué significado puede tener esto? No puede significar que los consumidores y administradores de empresas comerciales persiguen intereses propios, mientras que todas las personas que trabajan en el gobierno persiguen el “interés público”. El diputado que anuncia que sus actos y decisiones son guiados por “el interés público”, en realidad es impulsado por su percepción personal de lo que es ese interés público, coloreado con toda clase de intereses privados; prestigio, imagen, poder, deseo de reelección, presiones de otros y, por supuesto, su propio “progreso” y bienestar. El mismo razonamiento corre para cualquier empleado “público”. Por más elevados y nobles que sean los objetivos declarados de una organización gubernamental, las actividades diarias serán el resultado de decisiones de mortales ordinarios, sujetos a las presiones e incentivos muy parecidos a los que operan en el “sector privado”. Por otra parte, se ha puesto de moda que empresarios y administradores de empresas le prestan especial atención a la “responsabilidad social empresarial”, es decir, al “interés público”.

Para Heyne, Boettke y Prychitko hay una diferencia entre el gobierno y “los demás” que no se torna rala al inspeccionarla con cuidado. Es generalmente aceptado que el gobierno tiene monopolio sobre la coerción. Aquí, coerción significa inducir a la cooperación bajo la amenaza de reducir con violencia las opciones de las personas. La coerción debe contrastarse con la otra forma de inducir a la cooperación de las personas, que es la persuasión. Persuadir significa inducir a las personas a cooperar, con la promesa de ampliar sus opciones. Solamente al gobierno se le concede el derecho de asegurar la cooperación de las personas, por medio de la amenaza de reducirles opciones, retirarles libertades o imponerles castigos. Como comerciante, debo persuadir al consumidor para que compre mi producto. El comercio es, por definición, el fruto de intercambio voluntario. En una sociedad abierta, la mayoría de nuestras acciones son el resultado de intercambios voluntarios, realizados en el ámbito de la persuasión, no de la coerción. Como gobierno, puedo amenazar, castigar, expropiar bienes e incluso privar de libertad a quien no “compra” lo que se le ordena o hace lo que se le dice. Es importante señalar que la coerción también puede conducir a ampliar las opciones y libertades de las personas y es precisamente en esto que se basa el estado de derecho.

¿Dónde encajan en este esquema los llamados “derechos sindicales”, y en particular, los sindicatos del “sector público”? Los “beneficios laborales” obtenidos por los sindicatos del sector público ¿son fruto de la coerción o de la persuasión? Los dirigentes sindicales ¿fundamentan sus acciones y decisiones en “el interés de los trabajadores”? ¿Se benefician personalmente? ¿Obtienen privilegios y prebendas por medio de la extorsión? Los ideales sindicalistas en el sector público contrastan marcadamente con los incentivos que se manejan en la realidad.

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