Los fiscales generales centroamericanos se encontrarán con Lynch, que ya se reunió en junio con la procuradora general mexicana, Arely Gómez González, para impulsar la colaboración de ambos países contra el crimen trasnacional, especialmente en materia de narcotráfico y los delitos financieros.
La visita de los procuradores centroamericanos a EE.UU. incluye una reunión con el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, William Brownfield, para tratar el sistema judicial de los estados y la forma en la que aplican la ley.
En la reunión de los centroamericanos en el Departamento de Estado también está previsto que intervenga el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Paco Palmieri.
La Oficina de Narcóticos y Seguridad Internacional del Departamento de Estado se encarga de apoyar la lucha de los Gobiernos regionales contra la corrupción o las pandillas trasnacionales o “maras” , así que es previsible que este sea uno de los temas sobre la mesa.
Según informó el Departamento de Estado, los fiscales también se reunirán con líderes de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) , organismo gubernamental que combate el tráfico de drogas fuera de Estados Unidos.
La visita de los siete fiscales generales de Centroamérica llega en un momento especialmente violento, en el que pandillas como la Mara Salvatrucha han incrementado su poder en la región y han trazado lazos con cárteles mexicanos y colombianos para buscar nuevas rutas de droga.
Para atajar la violencia, el Gobierno de EE.UU. ha promovido un plan de desarrollo para Centroamérica de 1.000 millones de dólares, destinado a mejorar la economía de El Salvador, Guatemala y Honduras, los países desde los que partieron la mayoría de los inmigrantes que llegaron a EE.UU. el pasado año fiscal (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014) .
Durante ese periodo, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , 68.641 menores sin acompañante traspasaron de forma ilegal la frontera sur de EE.UU., lo que obligó al Ejecutivo a declarar una “emergencia humanitaria” .
El presidente estadounidense, Barack Obama, ha insistido en la necesidad de aprobar los fondos de plan, que está siendo estudiado en el Congreso del país norteamericano, pero con cantidades muy inferiores a los 1.000 millones solicitados por el Gobierno.
