Quizá a algunas personas les genera urticaria hablar sobre reformas a la Constitución, ya sea convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, reformas por el Congreso y Consulta Popular. Sin embargo, me parece que si queremos reformar integralmente el Estado (atendiendo las demandas ciudadanas, esas coaliciones callejeras históricas), debemos desmontar el excluyente Estado Liberal de Derecho y construir un Estado Social y Democrático de Derecho (ESyDD).

El ESyDD propugna que el orden social y económico es prioritario en condiciones de igualdad, y que el ciudadano es protegido por el Estado, de modo que sus derechos fundamentales no sean afectados por las leyes del mercado nacional y global. Plantea una nueva racionalidad filosófica, jurídica y político-ideológica para edificar una sociedad más justa, más equitativa, más humana, más ética y más consciente de su realidad histórica y sus posibilidades de transformación estructural.

El neoconstitucionalismo como nueva teoría jurídica-política es el punto de partida para hacer efectivo el ESyDD, donde las políticas públicas han dado un giro hacia el corazón de la sociedad: la familia. Por esa razón, el fin supremo es cuidar, proteger y desarrollar a las personas en un marco de solidaridad o justicia social. El punto de llegada es generar mayor bienestar social y económico para la ciudadanía, para ello se necesita un Estado fuerte, eficaz y profundamente democrático.

El ESyDD propone una mayor intervención del Estado en la economía y en las relaciones sociales (trascendiendo el asistencialismo de los programas sociales/clientelares), creando espacios democráticos igualitarios y de respeto a los derechos humanos, priorizando los derechos colectivos y solidarios, ante los individuales.

El ESyDD implica reconocer que el Estado es el actor protagónico del desarrollo, por ello el neoconstitucionalismo transforma el régimen económico y social del Estado para hacerlo partícipe de la creación de riqueza, rector de procesos productivos vía los bienes estratégicos con sustentabilidad y beneficiario de utilidades financieras hoy concesionados al capital privado nacional/transnacional. En esencia, retomar la empresarialidad pública.

El ESyDD debe reconocer, ampliar y cumplir los derechos ancestrales y colectivos de los pueblos indígenas y de otros sectores excluidos históricamente, con mayor rezago socioeconómico. Supone el tránsito de una democracia electoral “representativa” por una participativa, más inclusiva y más legítima, sobre todo en los ámbitos subnacionales, fortaleciendo la descentralización y el municipalismo a través de la implementación de los mecanismos de la democracia directa con plena vinculación penal (la defensa de los territorios y recursos naturales es clave). A manera de colofón, el ESyDD reconoce el pluralismo jurídico y político, establece contrapesos jurídicos y políticos a los grupos de capital corporativo, crea estatalidad inclusiva, y le apuesta estratégicamente a la desarticulación de los CIACS, un flagelo complejo al que hay que entrarle para construir un nuevo pacto social, económico, político y constitucional.

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