Un portavoz del Ejecutivo puertorriqueño dijo a Efe que por el momento no se emitirá un comunicado oficial sobre el asunto y que las palabras de Suárez son resultado de una entrevista al periódico sanjuanero.
Suárez, que no profundizó en el tema, dijo desconocer si ya se ha comunicado a los acreedores que no se hará efectivo el pago de 94 millones de dólares en el plazo acordado.
El funcionario señaló que el Ejecutivo lleva a cabo ajustes para inyectar liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), entidad de la que es dependiente la PFC, para cumplir con el pago de otros cerca de 100 millones de dólares que vencen a principios de agosto.
La liquidez del Gobierno, apuntó, está limitada después de la deficiencia en caja de más de 600 millones de dólares y el cierre de los mercados de capital que impide que Puerto Rico tome prestado las Notas de Anticipación de Impuestos (TRANs, por sus siglas en inglés).
Las declaraciones de Suárez llegan un día después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, señalara que es favorable a la reestructuración de la deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se eleva a cerca de US$73 mil millones y que el Ejecutivo local ya anunció que es imposible de pagar en las condiciones acordadas.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se unió también ayer a una coalición de políticos, sindicatos y grupos comunitarios que urgieron al presidente Barack Obama y al Congreso a permitir que Puerto Rico se declare en bancarrota para hacer frente a la crisis económica que afronta.
El gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, de viaje por EE.UU., se reunió el martes en Washington con varios legisladores para obtener apoyo para el proyecto HR-870 que busca que se permita a Puerto Rico declararse en bancarrota.
Puerto Rico, que arrastra una deuda de US$73 mil millones, fue excluido hace años del Capítulo 9, por lo que su Gobierno no tiene potestad para autorizar a sus corporaciones públicas a solicitar esa protección provista por la ley federal.
