El reclamo de responsabilidad en la aplicación de la ley, que formuló el sábado recién pasado, por medio de un tuit, el abogado Iván Velásquez, comisionado contra la Impunidad en Guatemala, ha sido el detonante de la reacción de ayer de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que por medio de un comunicado declaró que no tolerará “injerencias directas o indirectas de ningún órgano del Estado o autoridad nacional o internacional”.

Es obvio que, sin mencionar nombres, la CSJ se refiere a recientes comentarios relacionados con deficiencias en el funcionamiento de los tribunales formulados por el jefe de la Cicig, la fiscal general, Thelma Aldana, y el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, entre otros miembros del Cuerpo Diplomático o de organismos internacionales que suelen pronunciarse sobre los asuntos internos de Guatemala.

Este ambiente de discordia ha sido precedido de ciertas acciones que son fuente de disimuladas discordias o disputas, como la falta de acuerdos —y consecuentemente de posturas y gestiones separadas— en las propuestas elevadas al Congreso de la República para la modernización de la justicia.

La confrontación surge en un momento decisivo de la historia de Guatemala, cuando después de muchos años de indiferencia, la sociedad se levanta para exigir justicia y sacar a los fueros de investigación y sanción del letargo propiciado por la burocracia, la comodidad y la complicidad con los sectores que promueven la corrupción y la impunidad.

Aunque socialmente es unánime el criterio sobre las debilidades de la justicia, en ámbitos relacionados con esta, como la propia CSJ, aún existe la tendencia a evaluar como exagerados o injustos los señalamientos respaldados por una realidad inocultable de fallos festinados que empañan la aseveración formulada ayer por ese organismo, de que “resuelven con total apego a derecho, de forma parcial y objetiva”.

Es insostenible tanto por resoluciones, de cualquier nivel, donde es inocultable el sesgo para favorecer determinado interés o causa, como porque, en el caso particular de los integrantes de la CSJ, su elección es eminentemente política y por un Congreso que ha convertido el ejercicio del poder público en un vulgar mercado, y por eso carga con el estigma del peor desprestigio.

Sería interesante conocer si el rechazo de la CSJ se circunscribe a las opiniones de las personas o los sectores que demandan mayor objetividad de los jueces o si también abarca los ataques a la justicia investigativa vertidos por el candidato presidencial Manuel Baldizón. Esto es toral en estos momentos, por dos circunstancias: porque no es un secreto que un buen número de magistrados lo es por el voto de la bancada del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), y porque esos mismos magistrados deben resolver si dan con lugar el antejuicio contra su vicepresidenciable, Édgar Barquín, y dos diputados.

Al final, quien pierde con estos desencuentros es la justicia, porque debilitan la posibilidad de homologar criterios para salir airosos frente a los perversos, que a su vez celebran que surjan pugnas y distractores que los relegan en la atención de las autoridades.