La defensa de Ríos Montt intentó este viernes evitar el ingreso del general retirado al Federico Mora, a través de acciones legales alegando que la resolución del tribunal fue “ilegal, irresponsable e inhumana”.
“Como abogados vamos a interponer los recursos que sean necesarios en la ley, para evitar el atropello por la condición humana. Ya que es una persona de la tercera edad, vamos a presentar las acciones a la brevedad posible. Estamos contra el tiempo”, dijo Luis Rosales, uno de los abogados de Ríos Montt.
La hija del general retirado y candidata a la presidencia por el partido Visión con Valores (Viva), Zury Ríos Sosa, también manifestó en conferencia de prensa este viernes su preocupación por el ingreso de su padre al centro asistencial.
“Me opongo como hija que sea en un hospital catalogado el más violento, que sea tratado mi padre”, dijo Ríos Sosa.
El tribunal decidió enviar a Ríos Montt a ese hospital, luego que el Ministerio Público lo solicitara, argumentando que el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses pudo ser alterado, porque el acusado estaba siendo medicado cuando se le practicó el análisis, lo que pudo influir en los resultados.
Juicio en espera
El 10 de mayo de 2013 el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó a José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.
Según la judicatura, Ríos Montt dirigió una campaña contrasubversiva que concluyó no solo con la muerte de integrantes de la guerrilla sino también tuvo como objetivo la destrucción de la etnia ixil, la cual estaba asentada en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, Quiché.
El tribunal le impuso 50 años por genocidio y 30 por el delito contra deberes de humanidad, inconmutables; además, ordenó el inmediato traslado del general a la cárcel de Matamoros. Por su parte, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, director de inteligencia militar durante el gobierno de facto, implicado también en el caso, fue absuelto por no haber pruebas de su participación en las masacres.
El 20 de mayo de 2013 la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia condenatoria impuesta a Ríos Montt bajo el argumento de que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo incumplió una resolución del máximo tribunal de suspender el debate y tramitar una recusación. La orden de la CC fue de anular todo lo actuado en la fase del debate a partir del 23 de abril de 2013. Meses después se estableció que el juicio regresara al estado en el que se encontraba en noviembre de 2011.
El juicio se repitió el 5 de enero de 2015 con la presencia de Ríos Montt, ésta vez en camilla y auxiliado por personal médico a pesar de que no era necesario que se presentara. La defensa presentó una recusación en contra de la jueza Irma Jeannette Valdéz, que conoce el caso, por haber presentado una tesis sobre el genocidio, quedando suspendido hasta que se resuelva esta acción.
