ES ALTAMENTE PREOCUPANTE la amenaza del aspirante presidencial liderista, Manuel Baldizón, de acarrear a cien mil personas, unas desde los departamentos y otras provenientes de la capital en una fecha no determinada de esta semana, con el objeto de colocarlas en el parque, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso de la República y la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es peligrosa e irresponsable esta decisión, porque tiene el grave riesgo de convertir a ese conglomerado en una horda, es decir, en “un grupo de gente que obra sin disciplina y con violencia”, porque vendrán exaltados al creer en las afirmaciones, de muy débil sustento, de la existencia de una confabulación antiliderista.

LA AFIRMACIÓN del candidato liderista debe ser analizada con serenidad, para ver si es posible. Para transportar cien mil personas, son necesarios 2,100 autobuses de 48 pasajeros, y si la mitad de ellos viene del interior del país, el número de vehículos es de 1,050. Cien mil personas ocupan, calculando una calle de 7 metros de ancho y medio metro entre cada una, un espacio de 12,500 metros de largo. Si se restan 40,000 en el parque central, el resto necesita 90 calles, equivalentes a cinco veces la distancia entre el parque Morazán y la 18 calle de la zona 1. Es imposible lograrlo, como lo era haber recorrido tres veces la totalidad del país, para lo cual se hubieran necesitado casi cuatro años. Hay un claro problema de números.

EN LA HISTORIA RE- ciente hubo un caso similar, cuando el entonces aspirante a candidato Efraín Ríos Montt se calificó de incapaz de controlar a los eferregistas si se lanzaban a causar destrozos a la capital, y al día siguiente ocurrió el llamado Jueves Negro, ejemplo de pillaje y de destrucción en lugares citadinos. El resultado fue contraproducente, porque perdió el apoyo de quienes lo consideraban una buena opción. Sólo doce años han pasado. Es imposible evitar la comparación con las declaraciones de Baldizón —realmente, amenazas. Otra similitud la constituye el motivo de la reacción irracional —fuera de toda razón: no querer aceptar la aplicación de la ley. Entonces, respecto a la candidatura presidencial; hoy, de la vicepresidencial.

HACE POCAS SEMANAS, el presidente Pérez Molina expuso su decisión de no acarrear gente de los departamentos, consciente de los efectos posiblemente sangrientos, y políticamente negativos. La semana pasada se rumoró un cambio de actitud, lo cual también despierta preocupación. A solo 47 días de las elecciones, lamentablemente no atrasadas, el Tribunal Supremo Electoral necesita firmeza, y tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad deben colaborar con el desfalleciente y naufragante sistema político-eleccionario, con la simple y justificable decisión de apoyar de inmediato las decisiones del TSE, a fin de darle sentido al vocablo “supremo”, y detener las acciones cuya meta es empantanar el proceso.

EL GRUPO LIDERISTA, creo, está realizando acciones desesperadas. Lo mismo ocurre a quienes insisten en la candidatura de Zury Ríos. El problema de ambos lo causa la ley, pero ésta ya existía cuando ambos aceptaron las reglas del juego, iguales a las de otros procesos electorales. No es motivo de este artículo calificar de justas o de injustas estas normas, porque ese es otro tema. La interpretación de la norma tiene poco lugar al respecto de los dos aspirantes. La diferencia entre ambos es la prohibición de por vida en el segundo caso. En el primero, Manuel Baldizón tiene posibilidad de madurar políticamente y lanzarse a la lucha electoral dentro de cuatro años, luego de una etapa en la cual no repita los errores de los dos primeros intentos.