A la ciudadanía le toca analizar la situación actual de Guatemala, y decidir si vale la pena —o es posible— hacer algo para tratar de corregir el rumbo. Es duro admitir la irrefutable realidad de nuestras instituciones públicas, puesta en evidencia gracias a los sucesos recientes: ninguna tiene la entereza y la claridad necesarias para sacar al país del marasmo legal en que se hunde. Se necesita demasiado valor, y este no aparece por ninguna parte. Cuando se demuestra —con hechos— que los funcionarios públicos están más interesados en salvar su pellejo que en rescatar al país, es sano admitir que estamos solos; porque los diferentes gobiernos que “administraron” Guatemala desde que se inició la “era” democrática se dedicaron a enriquecerse y a robarle al pueblo, con mucho más ahínco que a servirlo.

Es indispensable seguir presionando para que renuncie Pérez, para que se hagan las reformas necesarias, para impedir que re-conocidos bandidos sigan esquilmando el erario nacional, y para que las cortes de justicia cumplan con su deber.

Pero también es necesario que tengamos en cuenta todo lo que sigue pasando en otras áreas. Respecto del tema ambiental exigimos saber: 1. qué va a pasar con los millones de quetzales que están en juego por el Lago de Amatitlán; 2. si es cierto que el Estado de Guatemala tendrá que pagar millones por denuncia de trabajadores de Repsa por malas condiciones laborales, amparados en el tratado de libre comercio; 3. si realmente la conducción eléctrica de Trecsa se hará subterránea para no terminar de arruinar el Río Dulce; 4. en qué paró el caso del gerente de la mina San Rafael que ordenaba matar indios por teléfono; 5. en qué está el caso de la mina que tiene el peor Estudio de Impacto Ambiental, en San José del Golfo, 6. por qué no avanza el caso de la muerte de tres estudiantes de la Universidad del Valle en la mina de níquel de El Estor, 7. si hay investigación por la extracción ilegal de jade del área protegida Sierra de las Minas, que terminó en Taiwán…

Dos casos más demandan atención: la hidroeléctrica Xalalá, cuyo contrato fue cancelado por la Contraloría General de Cuentas por anomalías, que preocupa más a los comunitarios desde que Pérez Molina salió en su defensa (¿estará relacionado también el recién capturado exministro Rodas?); y el derrame de petróleo en el pozo 28 del campo Xan, en la Biosfera Maya, a 250 metros del caserío Laguna Vista Hermosa, denunciado desde el 19 de junio de este año. Ante la absoluta corrupción del Ministerio de Ambiente y la incapacidad del MP para atender también casos ambientales, la población debe asumir su soledad y actuar con responsabilidad. En un municipio de Izabal, los comunitarios están visitando a todos los candidatos a alcalde, para hacerles firmar el compromiso de cuidar sus bienes naturales (quieren curarse en salud de proyectos mineros, petroleros, palmícolas, hidroeléctricos, etc.); o no votarán por ellos. Ejemplo inspirador de participación ciudadana en contra de políticos corruptos.